España mantiene a 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos publicados por Eurostat. La cifra equivale al 25,8% de la población y deja al país casi cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 20,9%. El indicador, conocido como AROPE, ha bajado por tercer año consecutivo, aunque el ritmo de mejora todavía no permite cumplir los objetivos comprometidos para 2025.
El dato más severo afecta a los menores. La tasa de pobreza infantil llega al 28,4% y es la más alta de los Veintisiete: ocho puntos por encima de la media comunitaria. Casi un tercio de los niños y adolescentes que residen en España vive en hogares con ingresos por debajo del umbral o con carencia material grave, una posición que sitúa al país a la cabeza europea en vulnerabilidad de la infancia.
El AROPE combina tres ejes: ingresos por debajo del 60% de la mediana, carencia material y social grave y baja intensidad de empleo en el hogar. Aplicando ese baremo, 9,6 millones de personas residen en España con menos de 12.220 euros anuales por unidad de consumo. La fotografía agregada describe una recuperación lenta: el indicador desciende, pero las distancias con la media europea apenas se acortan.
El informe original, recogido por Infobae España, cruza los datos de Eurostat con la encuesta de Condiciones de Vida del INE y permite ver dónde se concentra el problema: hogares con menores, alquiler a precio de mercado, desempleo de larga duración y empleo precario.
Vivir de alquiler a precio de mercado multiplica por más del doble el riesgo de exclusión: el 43,6% de los inquilinos en estas condiciones aparece en situación AROPE, frente al 19,5% de quienes son propietarios sin hipoteca. La diferencia se acentúa en pobreza severa, donde el porcentaje de inquilinos afectados (32,6%) duplica al de los propietarios (14,5%). El alquiler ha pasado de ser un factor de movilidad a convertirse en uno de los principales acelerantes de la pobreza, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios han crecido por encima de los salarios.
El paro continúa siendo la vía más rápida hacia la pobreza: las personas desempleadas registran un riesgo del 55,4% y una pobreza relativa del 38,7%. Pero el dato que más cambia el debate es otro. El 11,6% de la población ocupada en España vive bajo el umbral. Salarios bajos, jornadas parciales involuntarias y temporalidad alimentan la categoría de los llamados trabajadores pobres, que ya forman parte estructural del mercado laboral. La idea clásica de que un empleo asegura salir de la pobreza ha dejado de sostenerse en los datos.
Entre quienes han abandonado el mercado de trabajo y no perciben pensión, la tasa supera el 37%. La cobertura por desempleo y los subsidios mitigan el impacto, pero no lo cierran.
La fotografía por género muestra una brecha persistente. La tasa AROPE femenina alcanza el 26,8% frente al 24,5% en hombres. La distancia se ensancha en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, que concentran algunos de los porcentajes de pobreza más elevados del país. La población extranjera, sobre todo la procedente de fuera de la UE, presenta una tasa de exclusión por encima del 53% y un riesgo severo que duplica al de la población autóctona.
El nivel formativo sigue marcando una distancia clara. Las personas con estudios primarios o inferiores presentan un riesgo del 35,3%, mientras que entre quienes han completado estudios superiores el indicador baja al 13,9%. La diferencia, más de veintiún puntos, refuerza la idea de la educación como mecanismo de protección frente a la pobreza, en línea con lo que defienden organismos como UNICEF o Save the Children. En la Comunidad de Madrid, ese vínculo entre formación y empleabilidad atraviesa convocatorias públicas como las recientes cátedras de música y artes escénicas, que mueven plazas docentes en la enseñanza pública.
La Comunidad de Madrid mantiene una renta media por encima del promedio nacional, pero arrastra desigualdades fuertes entre municipios y distritos. La presión del alquiler en la capital y en su corona metropolitana alimenta el indicador AROPE incluso entre familias con empleo estable. Frente a esos focos de exclusión urbana, la región ha apostado por reactivar áreas rurales con políticas de turismo y desarrollo, como el crecimiento del 17% en cicloturismo desde 2023 en municipios pequeños de la sierra y la zona sureste.
España firmó con la Unión Europea el compromiso de sacar a 2,8 millones de personas del riesgo de pobreza antes de 2030, una de las cifras más ambiciosas del bloque. Con los datos actuales, el ritmo de descenso queda corto y obliga a reforzar políticas en tres frentes: vivienda asequible, ingreso mínimo y servicios públicos para la infancia. Las medidas estructurales, según el propio informe, tendrán más recorrido que las ayudas puntuales si se busca cerrar los ocho puntos de distancia que separan al país de la media europea en pobreza infantil.
Según los datos de Eurostat, 12,5 millones de personas residen en España bajo el indicador AROPE, lo que equivale al 25,8% de la población.
La tasa infantil llega al 28,4%, ocho puntos por encima de la media comunitaria. Pesan factores como el coste de la vivienda, los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la precariedad laboral y la baja inversión relativa en transferencias dirigidas a la infancia.
Eurostat fija el umbral en el 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo. En el caso español, equivale a 12.220 euros anuales por unidad de consumo, según los últimos datos disponibles.
Cada vez menos. El 11,6% de la población activa en España aparece en riesgo de pobreza pese a estar trabajando. Los salarios bajos, la jornada parcial involuntaria y la temporalidad explican la consolidación de los llamados trabajadores pobres.
El alquiler a precio de mercado dispara la probabilidad de caer en pobreza: el 43,6% de los inquilinos en esa situación aparece en AROPE, frente al 19,5% de los propietarios sin hipoteca. En pobreza severa, la brecha es del doble.
Reducir en 2,8 millones el número de personas en riesgo de pobreza antes de 2030. Es uno de los compromisos más ambiciosos del bloque y, con el ritmo actual, queda lejos de cumplirse sin reforzar vivienda, ingreso mínimo y políticas dirigidas a la infancia.
