

En un contexto laboral donde la legislación busca promover la igualdad y proteger los derechos fundamentales, todavía persisten prácticas que incumplen estos principios, especialmente en los procesos de selección de personal. A pesar del avance de las normativas y la sensibilización social, algunas empresas mantienen en sus formularios solicitudes de información consideradas ilegales y discriminatorias, como la edad y el estado civil de los candidatos.
Recientemente, un ejemplo ilustrativo ha salido a la luz gracias a la labor divulgativa de Xavi Abat, abogado laboralista reconocido por su presencia en redes sociales. En un vídeo reciente en TikTok, Abat expone un caso concreto que le fue planteado por una seguidora. La usuaria compartió un formulario de una empresa en el que se solicitaba rellenar datos como la edad y el estado civil, ante lo cual preguntaba si dichas solicitudes estaban en línea con la normativa vigente.
El especialista afirmó de forma categórica que no lo están. La inclusión de esas casillas en procesos de selección vulnera derechos básicos y va en contra de lo estipulado por la legislación española. El artículo 14 de la Constitución, que establece la prohibición de toda forma de discriminación por motivos de sexo, edad, estado civil u otras circunstancias personales, se aplica también en el ámbito laboral: ninguna empresa puede condicionar la contratación o el acceso a un empleo basándose en datos que no tengan relación con la capacidad para desempeñar un puesto.
Abat aclaró que, en la práctica, aún hay empresas que operan con prácticas heredadas de décadas pasadas, quizá por desconocimiento o por viejas costumbres arraigadas en su cultura corporativa. Sin embargo, recordó que los candidatos tienen el derecho de negarse a responder esas preguntas sin que ello suponga una penalización durante el proceso de selección. Además, pueden presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo, ya que solicitar estos datos, en la mayoría de los casos, constituye una vulneración de derechos previo incluso al inicio de una relación laboral formal.
Existen, no obstante, excepciones en las cuales solicitar ciertos datos está justificado. El ejemplo más claro son profesiones con requisitos específicos, como pilotos de avión o trabajos que exijan condiciones físicas estrictas. En estos casos, la normativa establece requisitos de edad u otras condiciones personales que sí pueden ser considerados justificables. Pero estos casos son excepcionales y deben estar claramente justificados en función del puesto.
Este escenario evidencia la necesidad de seguir reforzando la cultura de respeto y cumplimiento legal en los procesos de selección. La población trabajadora cuenta con derechos claros y debe estar informada de que tiene la posibilidad activa de protegerlos y denunciar prácticas discriminatorias. La legislación, en su conjunto, busca garantizar que los procesos de contratación se basen en criterios objetivos ligados directamente a la capacidad profesional y no a datos improcedentes que puedan propiciar inequidades y exclusiones injustificadas.
