El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado medidas contundentes al abrir un expediente sancionador contra una plataforma de servicios turísticos con operaciones en todo el territorio español. La acción responde a la negativa de la multinacional de retirar anuncios de alojamientos situados en los territorios palestinos ocupados por Israel, a pesar de haber recibido múltiples notificaciones del organismo regulador.
El proceso sancionador se enmarca en el contexto del Real Decreto-ley, que entró en vigor en septiembre, y que estipula medidas urgentes para enfrentar el genocidio en Gaza y proporcionar apoyo a la población palestina. Específicamente, el artículo 4 de dicha normativa califica como ilícita la publicidad que promocione bienes o servicios originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
De las siete multinacionales señaladas inicialmente por Consumo, seis acataron el requerimiento, eliminando o bloqueando el acceso desde España al contenido cuestionable. No obstante, una plataforma persistió en mantener la visibilidad de estos anuncios a pesar de haber sido notificada en tres ocasiones distintas, lo que ahora ha desencadenado la apertura del expediente sancionador.
Las repercusiones de esta investigación podrían ser significativas. Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, si se determina la existencia de agravantes, las infracciones podrían considerarse graves, resultando en multas que alcanzarían hasta 100.000 euros, o incluso de cuatro a seis veces el beneficio obtenido a través de estas prácticas ilícitas.
En el centro de la controversia se encuentran anuncios de alojamientos en más de 200 códigos postales asociados a asentamientos israelíes, los cuales fueron documentados en el Boletín Oficial del Estado en diciembre pasado. Las acciones del ministerio subrayan un esfuerzo legislativo más amplio por parte del gobierno español para mitigar el impacto del conflicto en la población palestina, reforzando medidas que buscan limitar la promoción de servicios en áreas políticamente sensibles.
Desde la Dirección General de Consumo, han subrayado que la apertura de este expediente no prejuzga el desenlace de la investigación, pero refleja un compromiso firme con el cumplimiento de las normativas vigentes y con el apoyo a la población afectada por el conflicto. Mientras tanto, el sector turístico internacional observa con atención cómo se desarrollan estas acciones regulatorias en un contexto global cada vez más complejo y polarizado.
Fuente: Ministerio de Consumo
