El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 21.281.080 euros entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para reforzar la lucha contra las adicciones. Los fondos, enmarcados en el Plan Nacional sobre Drogas, se reparten en cinco líneas de actuación que abarcan desde la prevención hasta la reinserción de personas con conflictos judiciales. La Comisión Sectorial había validado los criterios técnicos del reparto el 20 de mayo de 2026.
La partida mayor, de 9,6 millones de euros, financia actividades asociadas a la Ley 17/2003 sobre el fondo de bienes decomisados. Este mecanismo convierte el dinero confiscado al crimen organizado en recursos para la prevención y la corrección del consumo de drogas.
Con 4,67 millones se financian programas de prevención orientados a reducir el inicio de consumos problemáticos, con especial atención a los jóvenes. La apuesta es intervenir antes de que el consumo se instale como patrón de conducta.
El desarrollo general de la Estrategia Nacional sobre Adicciones recibirá 3,86 millones para mantener la operatividad de los proyectos autonómicos en marcha. El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones contará con 1,66 millones para ampliar la recogida de datos sobre tratamientos, urgencias y mortalidad, indicadores que orientan las decisiones de política pública en este ámbito.
Por último, 1,47 millones irán a programas de rehabilitación y reinserción de personas con drogodependencias inmersas en procesos judiciales, combinando la recuperación personal con la reducción de la reincidencia.
El reparto entre comunidades no sigue una fórmula única. Los criterios técnicos tienen en cuenta la población de hecho de cada territorio, su dispersión geográfica, los datos de admisión a tratamientos por drogodependencias y las estadísticas de mortalidad de los últimos años. El Gobierno también ha ampliado otros programas sociales de forma paralela, como la convocatoria de 7 millones para estudiantes con discapacidad.
La inversión se inscribe en la Estrategia Nacional sobre Adicciones, el documento que fija los ejes del Ministerio de Sanidad en esta materia. La cooperación financiera con las autonomías es el canal habitual para ejecutar esas líneas, dado que las comunidades gestionan los servicios de atención directa. La Comunidad de Madrid también impulsa otras iniciativas de salud, como la jornada del Día Mundial de la ELA celebrada en junio en el Centro Especializado de Atención Diurna de Alcalá de Henares.
Los 9,6 millones financian actividades vinculadas a la Ley 17/2003 sobre bienes decomisados, que permite reinvertir en prevención y corrección el dinero confiscado al crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas.
El reparto atiende a la población real de cada territorio, su dispersión geográfica, los datos de acceso a tratamientos por drogodependencias y la mortalidad asociada. Los criterios fueron validados por la Comisión Sectorial el 20 de mayo de 2026.
Recoge y analiza indicadores sobre tratamientos, urgencias hospitalarias y mortalidad relacionada con el consumo de sustancias. Sus datos sirven de base para ajustar las políticas públicas en materia de adicciones.
Una partida de 1,47 millones cubre programas de rehabilitación y reinserción diseñados para este perfil. El planteamiento combina el tratamiento de la adicción con medidas de apoyo para reducir la reincidencia.
El Consejo de Ministros adoptó la decisión el 24 de junio de 2026, tras la aprobación previa de los criterios técnicos por parte de la Comisión Sectorial el 20 de mayo.
Fuente: Ministerio de Sanidad (nota de prensa original)
