En un movimiento decisivo hacia la regulación más estricta de los biocidas, el Consejo de Ministros español ha aprobado un real decreto que actualiza y complementa la normativa europea vigente. Este marco legal, anunciado el 3 de noviembre de 2026, pone en relieve la importancia de asegurar no solo la comercialización, sino también el uso seguro de estos productos en todo el territorio nacional. Con estas medidas se busca una mayor protección tanto para los usuarios como para el medio ambiente.
El decreto establece que solo los biocidas autorizados de acuerdo con la normativa comunitaria y registrados en el Registro Oficial de Biocidas podrán ser comercializados y utilizados en España. Esta base de datos de alcance nacional y de carácter público será esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Además, se implementará el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), donde deberán registrarse todas las instalaciones implicadas en la fabricación, envasado, almacenamiento y venta de biocidas. La inscripción en este registro será gestionada por las comunidades autónomas y tendrá efectos en todo el territorio nacional.
Uno de los pilares fundamentales del real decreto es la mejora en la seguridad de las instalaciones y la calidad de los productos. Se han determinado condiciones detalladas para los lugares de almacenamiento, que incluyen requerimientos sobre ventilación adecuada, señalización clara, medidas de contención de derrames, gestión ordenada de residuos y control efectivo del acceso a dichas áreas. Asimismo, se prohíbe expresamente el almacenamiento de estos productos en lugares no destinados a tal fin, tales como viviendas o garajes.
Los biocidas deberán conservarse siempre en sus envases originales y separados de cualquier alimento o pienso para evitar contaminaciones. El etiquetado será obligatorio al menos en castellano y deberá cumplir con las directrices europeas. A fin de promover el uso responsable, el personal encargado de la comercialización estará obligado a proporcionar a los usuarios profesionales la información necesaria para su correcta manipulación.
El nuevo marco legislativo supone la eliminación del antiguo Libro Oficial de Movimiento de Biocidas, sustituyéndolo por un sistema digital de registro de transacciones para los productos considerados más peligrosos. Este moderno sistema permitirá un seguimiento riguroso de las operaciones de compra, cesión y aplicación. Las entidades tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a este sistema y deberán conservar la documentación pertinente durante un período de cinco años.
La formación para el personal profesional especializado también se actualizará. Estos cambios afectarán a trabajadores en sectores como la desinfección, higiene veterinaria, control de plagas y otros ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria y de agua. Los servicios que ofrezcan tratamientos biocidas a terceros deberán contar con un responsable técnico que disponga de la formación adecuada, y el personal contará con un plazo de seis años para obtener las nuevas cualificaciones requeridas.
El control y la inspección de biocidas serán responsabilidad de las comunidades autónomas, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad. Este último colaborará también con los departamentos de medio ambiente y agricultura, así como con las administraciones autónomas, para asegurar una supervisión eficaz.
Finalmente, la norma establece un sistema de intercambio de información y alertas sobre incidentes, señalando además el régimen sancionador aplicable ante cualquier incumplimiento. Este nuevo decreto entrará en vigor el 1 de julio del año siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, subrayando la firme intención del gobierno de avanzar hacia una gestión más responsable y segura de los biocidas en España.
Fuente: Ministerio de Sanidad
