La Comunidad de Madrid llevará al Gobierno central a la Audiencia Nacional si en treinta días no convoca la Conferencia Sectorial de Transportes, un órgano de coordinación que la ley obliga a reunir cada seis meses y que lleva cerca de tres años parado. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, anunció el movimiento en un encuentro informativo de Europa Press y confirmó que el Ejecutivo regional ya ha enviado el requerimiento previo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Si Transportes no atiende ese requerimiento en el plazo legal, el siguiente paso será un recurso contencioso-administrativo. La vía judicial llega después de meses de cruces de cartas entre el Gobierno autonómico y el departamento de Óscar Puente, en los que Madrid reclama que la Conferencia Sectorial vuelva a operar como foro de coordinación entre las comunidades y el Estado en materia ferroviaria, viaria y de movilidad.
El motivo principal del choque es el deterioro de la red de Cercanías, que cada día mueve a unos 600.000 viajeros en la región. Según los datos manejados por la Consejería, las incidencias se habrán disparado un 230% entre 2019 y 2026. El consejero atribuye ese empeoramiento a la falta de inversión estatal y a la ausencia de una hoja de ruta presupuestaria estable, y advierte de que el problema empieza a tocar también a la red de alta velocidad. La cadena de incidentes en MetroSur y Cercanías durante las últimas semanas ha dado munición política a un Ejecutivo autonómico que lleva tiempo pidiendo explicaciones a Adif y Renfe.
Rodrigo recordó que la Conferencia Sectorial es el cauce ordinario para discutir cuestiones como las inversiones en infraestructura ferroviaria, el reparto del fondo de movilidad o los pliegos de cercanías y media distancia. Tres años sin reuniones, según la Comunidad, han dejado a las autonomías sin mecanismo formal para trasladar al Estado sus prioridades.
Frente al diagnóstico negativo sobre la red estatal, el consejero contrapuso la situación de Metro de Madrid, que en las próximas semanas activará el pago con tarjeta bancaria en toda la red. El sistema ya funciona en los autobuses interurbanos desde julio de 2025 y su extensión al metro coincidirá con dos eventos de gran afluencia en la capital: la visita del papa León XIV y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
En el plano de obra, Rodrigo citó la ampliación de la Línea 11 y la conexión directa de la Línea 5 con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como las dos actuaciones más visibles del plan de inversiones autonómico en transporte. Ambas se sumarán a otras intervenciones en infraestructura viaria de la región, como la apertura del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar, otro de los frentes abiertos en movilidad metropolitana.
El consejero aprovechó el encuentro para repasar el otro pilar de su consejería: vivienda. La Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, aprobada por la Asamblea regional, busca acelerar trámites administrativos, ampliar la oferta pública y abrir nuevas líneas de ayuda al alquiler y a la compra. El Ejecutivo autonómico estima que las medidas podrán alcanzar a 483.440 madrileños en el horizonte de 2027 a través de programas de alquiler asequible, rehabilitación y compra facilitada.
Esa hoja de ruta convive con otras operaciones urbanísticas que están remodelando barrios concretos de la capital, como el plan que reordena el solar del antiguo Corte Inglés de Arganzuela para integrar movilidad y servicios públicos. La Comunidad de Madrid sostiene que el conjunto de medidas en transporte y vivienda forma parte de una misma agenda de gestión, y que la falta de interlocución con el Estado dificulta cuadrar plazos y financiación.
El anuncio judicial llega en plena precampaña institucional y abre un nuevo frente entre Sol y Moncloa, después del que ya mantienen ambas administraciones por el modelo de financiación autonómica. La nota oficial de la Comunidad de Madrid recoge el detalle del requerimiento y la base legal en la que se apoya el recurso.
Es el órgano de cooperación entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las consejerías autonómicas con competencias en la materia. Sirve para coordinar políticas en ferrocarril, carreteras, movilidad urbana e interurbana y reparto de fondos. La normativa fija una periodicidad mínima semestral.
El Gobierno regional sostiene que llevar tres años sin convocar la Conferencia Sectorial supone incumplir la obligación legal de reunirla cada seis meses. Tras un requerimiento previo, si Transportes no responde en treinta días, el siguiente paso será un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.
Cercanías Madrid mueve a unos 600.000 viajeros diarios. La Consejería de Transportes calcula que las incidencias en la red habrán crecido un 230% entre 2019 y 2026 y atribuye ese deterioro a la falta de inversión estatal sostenida.
La Comunidad ha anunciado que el pago con tarjeta bancaria en toda la red de Metro se activará en las próximas semanas, coincidiendo con dos eventos de gran afluencia: la visita del papa León XIV y el Gran Premio de España de Fórmula 1. El sistema ya funciona en los autobuses interurbanos desde julio de 2025.
El Ejecutivo regional estima que las medidas podrán alcanzar a 483.440 madrileños hasta 2027 mediante ayudas al alquiler, programas de rehabilitación y compra facilitada de vivienda protegida.
