La Generalitat ha defendido el funcionamiento adecuado de su protocolo de seguridad tras detectar los primeros indicios de un posible caso de explotación sexual infantil. Las autoridades confirmaron que se tomaron las medidas pertinentes de inmediato para asegurar la protección del menor involucrado. El caso ha suscitado una amplia movilización de los cuerpos de seguridad y servicios sociales, quienes colaboran estrechamente para esclarecer las circunstancias que rodean este preocupante incidente. La Generalitat se mantiene firme en su postura de que el protocolo se activó de forma oportuna y efectiva, garantizando que la situación se manejase conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones delicadas.
Mientras tanto, los padres del menor permanecen en prisión preventiva. La investigación, que sigue su curso, no descarta ninguna posibilidad, incluyendo la hipótesis de un caso de explotación sexual infantil. Las autoridades judiciales se encuentran recopilando pruebas y testimonios que permitan arrojar luz sobre lo sucedido. El caso ha generado una honda preocupación entre la población y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección infantil. El complejo y sensible proceso de investigación continúa, con la mirada de la sociedad puesta en que se haga justicia y se tomen las acciones necesarias para prevenir futuros incidentes similares.
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