La Junta de Castilla y León, bajo la dirección del partido Vox, presidido por Santiago Abascal, implementó desde su Consejería de Agricultura una medida que buscaba flexibilizar los controles de la tuberculosis bovina en la región. Esta decisión fue impulsada con el argumento de reducir las restricciones a los ganaderos locales, quienes venían manifestando su preocupación por las implicaciones económicas de las estrictas normativas sanitarias impuestas hasta el momento. Sin embargo, esta iniciativa despertó críticas tanto a nivel nacional como europeo, ya que parecía contradecir las normativas establecidas por la Unión Europea respecto al control de enfermedades animales, diseñadas para salvaguardar tanto la salud pública como la integridad del comercio agropecuario.

Posteriormente, la Justicia intervino para frenar la ejecución de dicha flexibilización, argumentando que la medida adoptada por la Consejería de Agricultura era incompatible con las directrices comunitarias y, por lo tanto, ilegal. El tribunal destacó que el cumplimiento riguroso de los estándares europeos es esencial para prevenir la propagación de enfermedades y mantener la confianza en los productos españoles en el mercado internacional. La resolución judicial representa un revés significativo para la administración de Vox en Castilla y León, subrayando la importancia de alinear políticas regionales con los compromisos europeos y garantizando que las acciones locales no pongan en riesgo la seguridad sanitaria ni la competitividad del sector ganadero español.

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