La Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid ha demolido dos edificaciones en el municipio de Chinchón que llevaban años sin responder a las órdenes de derribo dictadas en su contra. Las construcciones se levantaban sobre suelo no urbanizable protegido de la Vega del Tajuña, una zona de alto valor agrícola históricamente dedicada a cultivos de regadío y ahora en riesgo de degradación por el abandono y la presión de las edificaciones ilegales.
La actuación se enmarca en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística del Ejecutivo regional. Según la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, los dos inmuebles habían sobrevivido a múltiples resoluciones administrativas sin que los propietarios procedieran a su derribo voluntario, lo que obligó a la Administración a actuar de forma subsidiaria. El terreno, además, estaba contaminado por vertidos en cauces de agua pública, añadiendo un problema ambiental al urbanismo irregular.
Paralelamente, la Dirección General detectó en la misma zona una parcelación ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes, ninguna con título habilitante. Los técnicos comprobaron movimientos de tierra, excavación de pozos de agua y anuncios de venta, lo que apuntaba a un intento activo de comercializar parcelas de suelo protegido. De prosperar esa operación, se consolidaría una urbanización residencial ilegal contraria a toda la normativa vigente sobre suelos agrícolas de alta productividad. Las autoridades han abierto ya un expediente para restablecer la legalidad urbanística e imponer las sanciones correspondientes.
En la operación participaron técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, con apoyo de la Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón y de la Policía Local.
Desde el arranque del plan, la Comunidad de Madrid ha ejecutado 13 derribos en menos de un año: 3 de forma subsidiaria por la Administración y 10 por decisión voluntaria de los propietarios. La actividad inspectora arroja estas cifras:
La Consejería subraya que las construcciones ilegales ponen en riesgo la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan inseguridad jurídica. La Vega del Tajuña es uno de los entornos fluviales más vulnerables de la región, algo que la nueva convocatoria de 500.000 euros para proyectos de patrimonio natural busca contribuir a preservar desde la investigación y la educación ambiental.
El control del suelo protegido se complementa con la planificación urbanística. El Plan Estratégico Municipal de Madrid, que busca garantizar jurídicam ente el acceso a vivienda asequible, muestra el otro lado de la cuestión: mientras se contiene la urbanización ilegal en suelo protegido, la ciudad trabaja para habilitar más suelo en las zonas adecuadas.
La Comunidad de Madrid demolió dos edificaciones ilegales en Chinchón y detectó una parcelación ilegal de 25 subparcelas en suelo protegido, donde se estaban realizando movimientos de tierra y ventas no autorizadas.
13 en menos de un año: 3 subsidiarios por la Administración y 10 por decisión voluntaria de los propietarios.
El suelo está clasificado como no urbanizable protegido y tiene alta productividad agrícola. La legislación prohíbe expresamente construir y parcelar en estos terrenos.
La Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón y la Policía Local apoyaron a los técnicos de la Subdirección General de Inspección Urbanística.
La consolidación de una urbanización residencial ilegal, la degradación del entorno natural y agrícola y la imposición de sanciones con posible expediente de derribo subsidiario.
Fuente: Comunidad de Madrid.
