Madrid enfrenta un reto significativo en la regulación del mercado de alquiler de apartamentos turísticos, a medida que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 intensifica sus esfuerzos para abordar las ofertas ilícitas que proliferan en la ciudad. En una reciente comunicación, el departamento al mando de Pablo Bustinduy ha remitido datos cruciales al Ayuntamiento de Madrid sobre 4.443 anuncios de pisos turísticos que, pese a estar bloqueados a nivel nacional, siguen disponibles en mercados internacionales.
El aviso fue acompañado por una revelación aún más amplia: la identificación de un total de 8.352 anuncios considerados contrarios a la normativa vigente, al carecer de la identificación reglamentaria necesaria para operar legalmente. Esta cifra abarca dos grandes plataformas de alquiler turístico, con la mayoría de estos anuncios ocultando su ilegalidad al operar sin número de registro o utilizando identificaciones falsas.
Desglosando los datos, la primera de estas plataformas alberga 7.199 anuncios ilícitos, mientras que la segunda cuenta con 1.153. De estos, 6.263 en la primera y 964 en la segunda no poseen número de registro válido. Peor aún, 936 en la primera plataforma y 189 en la segunda emplean registros obsoletos, pretendiendo ofrecer alojamientos completos bajo la modalidad de alquiler turístico, aunque originalmente fueron designados como alquileres habitacionales.
El movimiento de Consumo no se detiene ahí. Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, ha enviado una carta al Ayuntamiento de Madrid solicitando su cooperación. La carta destaca que, aunque dichos anuncios están bloqueados en España, siguen siendo accesibles internacionalmente, infringiendo la normativa reguladora local de viviendas de uso turístico. Barragán insta al consistorio a solicitar formalmente a las plataformas que bloqueen estos anuncios a nivel global, respaldándose en el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Para facilitar la intervención del ayuntamiento, se ha remitido información detallada, incluyendo la identificación única de cada anuncio, sus direcciones URL, la fecha de verificación en tiempo universal coordinado (UTC) y el mínimo de noches permitidas para reservar, todas operando con un límite inferior a los 31 días permitidos por la ley.
Esta medida apunta a fortalecer el cumplimiento de las normas que regulan el sector turístico en Madrid, una ciudad que se ha convertido en un polo atractivo para el comercio turístico, pero que también enfrenta desafíos significativos a la hora de mantener el orden y la legalidad en el mercado de alquileres temporales. Con la información proporcionada, las autoridades locales están ahora mejor equipadas para tomar acciones contra estas prácticas y garantizar que las plataformas internacionales también cumplan con las exigencias locales y europeas.
Fuente: Ministerio de Consumo
