Este domingo, Extremadura afrontará una jornada decisiva en las urnas para determinar quién liderará la próxima etapa del gobierno regional. La coyuntura política se presenta especialmente ajustada, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa a la actual presidenta, María Guardiola, del Partido Popular (PP), con una ventaja sobre sus competidores. Sin embargo, para formar una mayoría gubernamental, la mandataria necesitará contar nuevamente con el apoyo de Vox, un partido que, en las últimas elecciones, ha conseguido consolidarse como fuerza clave en la región.
En las elecciones de 2023, aunque el PSOE fue el partido más votado, el empate en escaños con el PP obligó a que Vox se colocara en la posición de decidir la configuración del gobierno regional. Guardiola, en aquel entonces, aseguró que no pactaría con Vox, cuyo discurso y propuestas generan controversia, incluyendo su rechazo a políticas en materia de violencia machista. No obstante, la coalición de facto se materializó con la entrega de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a Vox, una alianza que fue determinante para garantizar la estabilidad del Ejecutivo regional en ese período.
Desde julio de 2024, esta alianza se rompió, cuando el acuerdo entre las fuerzas de derecha y ultraderecha se deshizo en todas las comunidades autónomas, tras lo cual Guardiola anunció la disolución de la Junta y la convocatoria de nuevas elecciones. En esta coyuntura, Vox centra su campaña en abordar una “emergencia habitacional sin precedentes” en Extremadura, propuesta que busca captar el apoyo de una población cada vez más afectada por la crisis de vivienda. La región enfrenta una oferta en caída, con precios de alquiler disparados, especialmente en Cáceres, y un stock ‘nulo’ de viviendas nuevas disponibles a cierre de 2024, dificultando el acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias.
El partido de Santiago Abascal ha presentado un programa centrado en la habilitación de más suelo, la reducción de impuestos, la lucha contra la okupación y la preferencia por habitantes españoles frente a inmigrantes irregulares. Sus propuestas incluyen una política estricta de “tolerancia cero” con la okupación, con expulsiones en 24 horas y la exclusión de okupantes de las viviendas sociales, además de la creación de un registro de zonas afectadas por esta problemática. Asimismo, abogan por priorizar a quienes tengan arraigo en España para acceder a viviendas protegidas, además de combatir el empadronamiento fraudulento y restringir la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no comunitarios mediante fiscalidad diferenciada.
La radiografía que presenta Vox de la situación inmobiliaria en Extremadura señala que el 61,4% del salario neto mensual de un joven alquiler en la región, lo que impide la emancipación rápida. En el peor escenario, entre los menores de 25 años, este porcentaje alcanza el 83,7%, donde la tasa de emancipación juvenil se sitúa en un modesto 13,5%, con una disminución respecto al año anterior. Para contrarrestar estos desafíos, el partido propone rebajas tributarias, como reducir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,5%, y bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, además de facilitar créditos y avales públicos para las parejas jóvenes, especialmente las que tienen hijos.
Otra de las medidas que Vox impulsa es la restricción de la compra de viviendas por capital extranjero, que ha crecido un 12,8% desde 2018, el doble que los compravendedores españoles. La propuesta contempla una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios, destinando los recursos recaudados a incentivos para residentes nacionales y a la construcción de viviendas protegidas. En materia de turismo, también buscan limitar la proliferación de pisos turísticos ilegales, reforzando la inspección y control para proteger la calidad de vida en los barrios.
En orden fiscal, el partido propone reducir los impuestos asociados a la construcción y adquisición de viviendas para facilitar el acceso, además de promover la urbanización de suelo disponible y acabar con prácticas que han mantenido ‘secuestrado’ el suelo por intereses políticos o especulativos. Consideran que actualmente las viviendas de promoción pública son insuficientes, con una proporción de una vivienda social por cada 80 habitantes, por lo que proponen ampliar los planes de inspección y rehabilitación del parque social, así como facilitar la cesión temporal de viviendas gestionadas por la SAREB a través de los ayuntamientos.
Vox también compromete esfuerzos en revitalizar el mundo rural, impulsando la reindustrialización y mejorando infraestructuras, servicios y oportunidades laborales para revertir la despoblación. La propuesta apunta a devolver oportunidades a las pequeñas y medianas comunidades, especialmente en zonas como extremadura, donde la emigración juvenil sigue siendo una problemática persistente.
Las encuestas sugieren que, con la presencia de Óscar Fernández Calle al frente de su candidatura, Vox podría duplicar sus resultados y obtener entre diez y doce escaños, lo que tendría consecuencias directas sobre la gobernabilidad de la región. En ese escenario, la decisión sobre la composición del Ejecutivo seguirá dependiendo de un juego de alianzas, en el que el PP de Guardiola podría verse nuevamente en la necesidad de negociar con las fuerzas ultraderechistas para mantener en marcha el Gobierno regional. Lo que está claro es que las próximas horas serán determinantes para definir el futuro político y social de Extremadura.
