Un creciente reconocimiento del peso de la responsabilidad familiar en el cuidado de las personas dependientes en España ha puesto de manifiesto un panorama alarmante en el sistema de atención a largo plazo. Según el reciente informe “Los cuidados de larga duración” publicado por Funcas, casi la mitad de los cuidadores familiares dedica más de diez horas diarias a estas tareas, mientras que una proporción similar lleva más de ocho años ejerciendo esta labor de manera ininterrumpida.
El estudio, elaborado a partir de datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística, revela que aproximadamente dos tercios de las personas mayores de 65 años en situación de dependencia son atendidas exclusivamente por familiares, sin contar con apoyos externos. Un dato que evidencia la carga abrumadora y sostenida que enfrentan estas familias, muchas de las cuales están en la frontera del agotamiento.
El informe también afirma que un 45,1% de los cuidadores dedica más de diez horas al día a sus labores, mientras que solo el 12,4% de quienes contratan servicios profesionales realizan una tarea similar en intensidad, dedicando menos de dos horas diarias. La diferencia en calidad y cantidad de atención pone en evidencia la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales, agravada por la baja cobertura del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que llega solo al 29,7% de los hogares con personas dependientes.
Este panorama se agrava considerando que, en la mayoría de los casos, quienes asumen esta responsabilidad son mujeres. Las hijas representan el 35,9% del total de cuidadores principales, seguidas por los cónyuges con 21,9% y los hijos varones con el 17%. Además, el informe señala una tendencia al aumento en la participación masculina, que pasó del 18,4% en 2008 al 30,8% actual, aunque todavía en niveles significativamente inferiores a las mujeres.
La carga de los cuidados también se combina con la actividad laboral en el caso de numerosas mujeres, en un porcentaje del 41,6%, frente al 32,2% de los hombres. Entre estos últimos, un notable 43,4% está jubilado, lo que sugiere que la implicación en labores de cuidado suele producirse tras la salida del mercado laboral, en contraste con las mujeres, que asumen esta tarea en paralelo a su vida profesional de manera constante.
La situación evidencia además una problemática económica y social gravísima. El informe estima que el coste informal y oculto del cuidado alcanzó los 61.538 millones de euros en 2025, una cifra casi tres veces superior al gasto público destinado a la dependencia, cifrado en 20.858 millones. Este desequilibrio no solo refleja la sobrecarga que soportan las familias, sino también la fragilidad del sistema público, que no logra emancipar a las personas en situación de dependencia de la tutela familiar.
La persistente precariedad del sector se refleja, asimismo, en el perfil del cuidado profesional, con una dedicación muy limitada en tiempo y en recursos. La mitad de las personas que reciben ayuda a domicilio acceden a menos de dos horas diarias de atención, en muchos casos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esto obliga a muchas familias a asumir la carga, agravando la situación de vulnerabilidad y aumentando el riesgo de desgaste físico y emocional.
Frente a este escenario, las voces defensoras exigen reformar y fortalecer los sistemas de protección social, garantizar una igualdad real en la distribución de las tareas de cuidado y promover políticas públicas que permitan reducir la vulnerabilidad de quienes asumen la responsabilidad de cuidar. La crisis del cuidado, que lleva décadas en aumento, se presenta como uno de los desafíos sociales más apremiantes en España, un desafío en tiempo de descuento que requiere respuestas urgentes y efectivas.
