Un millar de personas se ha reunido en Chipiona, Cádiz, para exigir a la Junta de Andalucía la creación de un comité de expertos que evalúe los vertidos mineros al río Guadalquivir, y que hasta obtener su dictamen, se suspendan estos residuos líquidos. La manifestación, convocada por colectivos ecologistas, contó con la participación de representantes políticos de cinco municipios afectados: Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Chipiona, Gelves y Trebujena. Modesto González, alcalde de Coria del Río, criticó al Gobierno andaluz por priorizar los intereses de la multinacional Minorbis-Grupo México en Aznalcóllar, a pesar de las alertas científicas sobre la contaminación por metales pesados en el río.

La Junta de Andalucía, por su parte, defiende que los vertidos serán tratados adecuadamente y cumplirán con la normativa existente. Subrayan que el proyecto de la Minera Los Frailes en Aznalcóllar tiene todas las aprobaciones legales y medidas de control necesarias. Sin embargo, la preocupación persiste entre los ciudadanos y líderes locales debido a las potenciales amenazas para la economía y el medio ambiente. Rafael Ruiz, portavoz de la plataforma Salvemos el Guadalquivir, advirtió sobre el riesgo para unos 60,000 empleos y denunció la falta de acción del gobierno. La manifestación sigue a una protesta previa de alcaldes y empresarios, reclamando una moratoria en los vertidos hasta obtener un análisis científico exhaustivo.

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