El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó esta semana una inversión de 7,2 millones de euros para mantener 240 plazas residenciales dirigidas a personas con enfermedad mental grave y duradera. El dinero cubrirá el periodo 2026-2028 y se reparte entre pisos supervisados y pensiones distribuidos por la región.
Más de 6 millones de esa partida financiarán 200 recursos residenciales repartidos en distritos como Moratalaz, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Retiro, Chamartín, Latina, Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Tetuán, Centro y Hortaleza, además de municipios como Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Alcalá de Henares, entre otros. A esto se suman otros cinco contratos, valorados en 1,1 millones de euros, que añaden 40 plazas más sin necesitar el visto bueno del Consejo de Gobierno.
Estos pisos y pensiones dan alojamiento y apoyo personalizado a personas que mantienen cierta autonomía pero no cuentan con respaldo familiar o económico suficiente, y buscan que puedan vivir de forma independiente dentro de un marco vigilado.
El Consejo también aprobó un gasto aparte de 1,6 millones de euros para 23 plazas públicas destinadas a adultos con discapacidad intelectual límite o ligera y trastornos de conducta graves, en un centro residencial y de día situado en Ciempozuelos que funcionará entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027.
La región enmarca estas partidas dentro de su política de servicios sociales, en la misma línea que otras iniciativas recientes como el programa Empleo Personalizado, que ha integrado laboralmente a 63 personas con discapacidad intelectual, o el llamamiento del Ministerio de Derechos Sociales a las comunidades autónomas para agilizar las listas de espera en dependencia.
7,2 millones de euros para mantener 240 plazas residenciales entre 2026 y 2028.
En distritos como Moratalaz, Arganzuela, Retiro, Chamartín o Centro, y en municipios como Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Alcalá de Henares, entre otros.
Recursos que dan alojamiento y apoyo profesional a personas con cierta autonomía pero sin respaldo familiar o económico suficiente.
Cinco contratos por 1,1 millones de euros que suman 40 plazas más, sin necesitar aprobación del Consejo de Gobierno.
Son plazas públicas para adultos con discapacidad intelectual límite o ligera y trastornos de conducta graves, con un gasto de 1,6 millones de euros entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.
