

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió este lunes con representantes de los gobiernos autonómicos en el marco del Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Madrid. El encuentro, que se celebra en un momento crucial para las políticas sociales del país, giró en torno a la reciente ampliación de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para financiar la dependencia, una medida que añadirá 6.200 millones de euros adicionales en dos años.
Durante su intervención, Bustinduy subrayó que esta inversión representa «la mayor en décadas» en el ámbito social y exhortó a las comunidades autónomas a utilizar estos fondos para tres objetivos fundamentales: reducir las listas de espera, mejorar la calidad de las prestaciones para los usuarios y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras. «Esta es la mayor inversión social en décadas en este país», señaló el ministro, destacando el carácter estructural de la ampliación, que queda blindado por ley para evitar futuros recortes.
El ministro también destacó que este incremento se acompaña de una ambiciosa reforma legislativa que incluirá cambios en las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en tramitación. Estas reformas, defendidas por Bustinduy, promueven un enfoque centrado en las personas, sus derechos y autonomía, alejándose de un sistema meramente asistencialista.
El Consejo Territorial también abordó el incremento de la financiación del nivel acordado de protección. El ministro informó que el Gobierno destinará un total de 970 millones de euros este año, sumando los recursos adicionales para Euskadi y Navarra. Bustinduy afirmó que esta financiación permite que no haya excusas ni obstáculos para mejorar el sistema de cuidados en España. «Este ministerio ha cumplido con su parte», dijo, destacando la importancia de comenzar a cuidar «mejor, antes y con más dignidad».
La reunión se produce tras la aprobación de un real decreto-ley que duplica las cantidades asignadas por el Estado a las comunidades autónomas para cada persona con dependencia reconocida. Este cambio entrará en vigor el próximo 1 de julio, aumentando en un 98,7% de media los fondos para el nivel mínimo de dependencia. Asimismo, el ministro enfatizó que los recursos deben destinarse exclusivamente a la dependencia, asegurando que existen mecanismos de control para vigilar su correcta gestión.
El encuentro finalizó con un consenso generalizado entre los representantes autonómicos, quienes han manifestado tradicionalmente la necesidad de aumentar los recursos para implementar las reformas. Bustinduy reiteró el compromiso del Gobierno central de proporcionar el apoyo necesario para fortalecer y transformar de manera significativa el sistema de atención a la dependencia en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
