La investigación judicial del «caso FP» por presunta prevaricación administrativa en obras realizadas en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023 ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo regional. La jueza ha llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. La causa gira en torno al presunto fraccionamiento ilegal de contratos en siete centros educativos, con el fin de otorgar estas obras a dedo en lugar de a través de concursos públicos, como sería requerido debido a la cuantía de las obras.
El caso ha escalado a partir de la denuncia de José María Serrano, exsubdirector general de Educación Secundaria, quien admitió haber alertado internamente sobre la posible ilegalidad de los contratos durante 2021. Sus declaraciones señalaron contradicciones con las de su superior, Rodríguez, quien negó haber tenido conocimiento de irregularidades. La investigación continúa con auditorías que han detectado fraccionamientos de contratos para eludir procesos de licitación, y que apuntan a responsabilidades en la Consejería de Educación. La situación sigue generando tensión en el seno del Partido Popular de Madrid, poniendo bajo el foco a figuras políticas clave vinculadas al caso.
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