La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido llevar a juicio al exsenador y expresidente del Congreso, Arturo Char, por su supuesta implicación en un elaborado esquema de compra de votos en el Atlántico durante las elecciones de 2018. Char, acusado de concierto para delinquir y corrupción de sufragantes agravada, es parte del influyente clan familiar Char, dominantes en la región del Caribe colombiano. La investigación detalla que la operación de compra de votos favoreció su candidatura al Senado, así como a Lilibeth Llinás Delgado y a Aída Merlano Rebolledo, siendo esta última ya condenada y una pieza clave en el caso, pues la sede de campaña conocida como «Casa Blanca» fue el eje de la operación. Se acusa a Arturo Char de operar más allá de un acuerdo político convencional, lo cual ha colocado a la familia Char bajo escrutinio público.
Arturo Char, quien renunció a su escaño en el Senado en 2023 y se trasladó a Estados Unidos, ha regresado a Colombia tras emitirse una orden de captura internacional en su contra. A su llegada a Barranquilla, las autoridades lo arrestaron, aunque un juez ordenó su liberación en enero de 2024 por vencimiento de términos. Char defiende su inocencia, calificando su salida del país como motivada por asuntos familiares y no por evadir la justicia. Aida Merlano ha señalado a los Char de haber facilitado su fuga en 2019, un evento que captó la atención mediática mundial. Mientras la familia Char continúa con su influencia política sobre Barranquilla y el Atlántico, el proceso judicial contra Arturo Char sigue, enmarcado en un contexto de cuestionamientos sobre la integridad de los procesos electorales en Colombia.
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