Un fallo judicial en Galicia establece un precedente importante en la valoración del trabajo de las funcionarias interinas en el sector público. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia que obliga a la Xunta de Galicia a abonar a una psicóloga interina las diferencias retributivas correspondientes a una categoría superior que, según el tribunal, desempeñó de manera acreditada entre 2020 y 2024 en un centro público de Vigo.
La resolución reconoce que la profesional asumió funciones propias de un puesto de mayor nivel y que dichas tareas excedían su categoría oficial, por lo que debían haber sido remuneradas con los complementos salariales correspondientes a esa categoría superior. La sentencia sostiene que “al funcionario que acredita la realización de funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores, se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado”.
Este fallo surge de una reclamación presentada por la psicóloga, quien durante cuatro años mantuvo funciones propias de una categoría superior sin que la administración autonómica actualizara su situación administrativa ni salarial. La trabajadora fue contratada en un programa temporal dentro del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta (subgrupo A1), y el tribunal puntualiza que, aunque la relación laboral se dio en un marco temporal legal, la situación no demuestra un fraude de ley por parte de la administración, pues el contrato no superó el plazo legal establecido y no se configuró un abuso.
El tribunal, sin embargo, rechazó las pretensiones de la trabajadora respecto a la nulidad de su cese y su declaración como funcionaria de carrera o personal fijo. La sentencia aclara que, si bien se reconoce el ejercicio funciones superiores, la jurisprudencia vigente indica que los plazos en contratos temporales o sucesivos no conducen automáticamente a la conversión en personal fijo. La consideración del abuso de temporalidad o la existencia de fraude no habilitaría, según la revisión jurisprudencial, la regularización automática en la condición de funcionaria de carrera.
Asimismo, se hace énfasis en que el reconocimiento económico por funciones superiores no implica una conversión automática del vínculo laboral, recordando que la ley contempla indemnizaciones o procesos de regularización de procesos selectivos en casos de temporalidad abusiva, pero no la adquisición automática de la condición de funcionario de carrera. La sentencia deja abierta la posibilidad de que la trabajadora interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Este fallo resalta la importancia de la jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo, que establecen que la superación de plazos o la concatenación de contratos temporales no implica, por sí misma, la conversión en personal fijo en la Administración pública. La decisión muestra que, aunque los tribunales reconocen la función desempeñada en términos económicos, la regularización formal requiere vías específicas y no puede basarse únicamente en el ejercicio de funciones superiores.
El caso abre un debate sobre las condiciones laborales de muchas trabajadoras temporales en el sector público, que han asumido responsabilidades más allá de sus funciones oficiales sin recibir las correspondientes retribuciones o reconocimiento legal. La resolución del TSXG, aunque parcial, señala una tendencia hacia el reconocimiento de derechos laborales en casos de desempeñar funciones superiores, en línea con las directrices europeas y nacionales en materia de empleo público.
