El Consejo de Ministros de España ha adoptado un nuevo enfoque radical en la alimentación de centros públicos, con la introducción de un real decreto que busca revolucionar los menús ofrecidos en hospitales, residencias, escuelas infantiles y otros establecimientos similares. Propulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con diversas carteras ministeriales, el decreto tiene como objetivo central promover una alimentación saludable en instituciones tanto públicas como privadas.
En un esfuerzo por limitar los alimentos con altos niveles de grasas saturadas, azúcares y sal, el decreto estipula que las máquinas expendedoras deberán tener al menos un 70% de productos saludables y que estos sean fácilmente accesibles visualmente. Además, se exige que los menús cuenten con una mayor cantidad de frutas y hortalizas frescas de temporada, con una determinada proporción proveniente de circuitos de distribución cortos.
La normativa no se detiene ahí. Establece, además, que al menos el 25% de los alimentos empleados en estos menús provengan de producción ecológica, a fin de garantizar una alimentación no solo saludable, sino también sostenible. También se promueve el consumo de legumbres, pescados y productos integrales, estableciendo límites claros para las frituras y los alimentos precocinados, especialmente en menús destinados a menores de edad.
Los alimentos servidos deberán pasar ahora por el tamiz de profesionales de la nutrición, quienes supervisarán la adaptación de los menús a las necesidades específicas de cada grupo de edad o condición dietética, ya sea por motivos de salud, culturales o religiosos. Este paso es crucial para personalizar y adecuar la oferta culinaria a las diversas necesidades de los usuarios, reforzando la protección alimentaria de los sectores más vulnerables.
En el ámbito de las máquinas ‘vending’, el decreto redefine su composición, promoviendo la predominancia de productos saludables y minimizando la disponibilidad de bebidas azucaradas y energéticas. Se introduce también una política de reducción del desperdicio alimentario y los envases plásticos, promoviendo materiales más sostenibles y prácticas culinarias eficientes.
Este proyecto normativo se fundamenta en recomendaciones de organizaciones como la OMS y la AESAN, que destacan la alimentación poco saludable como un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. En España, donde más de la mitad de la población mayor de 15 años padece enfermedades crónicas, la implementación de estos cambios busca ofrecer entornos que promuevan la nutrición de calidad, mitigando riesgos asociados a dietas pobres y reforzando hábitos alimenticios saludables.
El Gobierno español considera que con estas medidas, las instituciones pueden convertirse en ejemplos de buenas prácticas alimentarias y en catalizadores del cambio hacia un enfoque más sostenible y nutritivo en la alimentación pública.
Fuente: Ministerio de Consumo
