Han pasado cinco años desde la trágica muerte de Iliass Tahiri en un centro de menores en Almería, un caso que ha experimentado múltiples idas y venidas en el sistema judicial español. Se han archivado y reabierto investigaciones que han hecho oscilar las consideraciones legales del suceso entre una «muerte accidental» y un «homicidio imprudente». A pesar de esta turbulenta trayectoria legal, el pasado 4 de octubre, el juzgado número 4 de Almería marcó en su calendario el juicio para abril de 2026. Sin embargo, el abogado de la familia, inconforme con la espera, ha interpuesto un recurso solicitando un proceso más cercano en el tiempo, alegando que se trata de reparar la pérdida de un joven y la prolongada búsqueda de justicia por parte de su familia. La tormentosa noche del 1 de julio de 2019 quedó grabada por las cámaras de seguridad, cuando Iliass murió boca abajo, sometido por seis vigilantes en circunstancias que consumaron su vida en menos de cuatro minutos.

El caso ha resonado públicamente, catalizando una discusión sobre los derechos humanos y la gestión de centros de menores. Un informe crítico del Defensor del Pueblo sobre el centro de Tierras de Oria y las prácticas de inmovilización aplicadas, ahora cuestionadas, se convirtió en un documento clave que subraya los riesgos letales de la contención mecánica sin supervisión médica. La reciente orden de la jueza de abrir juicio oral involucra a cuatro vigilantes, pero también resalta la responsabilidad civil de Mapfre España y la Asociación Ginso, responsables subsidiarios del centro. Mientras la familia Tahiri, rechaza cualquier indemnización, optando por la justicia como bandera, el caso aún destapa deficiencias en el sistema de protección de menores. Las imágenes de la inmovilización, señaladas por el abogado defensor, contraponen la brutalidad de los hechos con la pasividad del joven, llevando a cuestionar protocolos que, a la luz de los organismos de derechos humanos, resultan obsoletos e inaceptables.

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