Un controvertido avance judicial ha permitido a la administración de Donald Trump implementar un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, según una decisión de un juez federal en Washington D.C. Esta medida, que ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, busca presionar a aquellos con estatus migratorio irregular a optar entre auto-deportarse o enfrentarse a multas severas. El juez Trevor Neil McFadden, conocido por su afinidad con las políticas de Trump desde su nombramiento en 2017, validó la medida, argumentando que está respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta ley, inactiva desde hace décadas, resurgió tras ser incluida en una de las órdenes ejecutivas firmadas al comienzo del segundo mandato de Trump.
La implementación del registro, que requiere que los no ciudadanos en Estados Unidos cumplan con un proceso de identificación digital, ha generado un debate nacional sobre el trato a los inmigrantes y la potencial violación de sus derechos. Quienes no cumplan con este requisito se enfrentarán a sanciones económicas significativas o incluso penas de cárcel. Organizaciones como el Centro Legal de Inmigración y American Immigration Council han advertido sobre los peligros de que este tipo de registros puedan usarse para la persecución de grupos vulnerables. Mientras tanto, el gobierno defiende la medida y sostiene que uno de sus propósitos es incentivar la autodeportación. La acción ha originado un litigio por parte de varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno busca aprovechar la no inscripción de los indocumentados para justificar sus operativos masivos de deportación.
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