El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha expresado su aprobación por la orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida, calificada por Netanyahu como un acto «valiente», busca proteger a Estados Unidos e Israel de lo que considera un tribunal «corrupto, antiamericano y antisemita». La CPI había iniciado acciones legales contra Netanyahu por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, emitiendo órdenes de arresto en su contra y en contra de otros líderes como el exministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe militar de Hamás, Mohamed Deif. En respuesta, la orden ejecutiva de Trump incluye restricciones financieras y de visados para los miembros de la CPI y sus familias involucrados en investigaciones contra Estados Unidos y sus aliados.

El gobierno israelí, respaldado por Washington, argumenta que la CPI opera sin jurisdicción sobre Israel y Estados Unidos, ya que ninguno es miembro del tribunal. Gideon Saar, ministro israelí de Exteriores, enfatizó que ambas naciones son democracias que respetan el Derecho Internacional, acusando a la CPI de llevar a cabo una persecución «obsesiva» e «inmoral» sin fundamento legal alguno. La medida ha generado tensiones diplomáticas y ha sido vista como un desafío directo a la autoridad del tribunal internacional, cuya misión es juzgar casos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio a nivel mundial. Mientras tanto, las implicaciones internacionales de esta orden ejecutiva continúan desarrollándose, reflejando las complejas relaciones entre estos actores en el ámbito de la justicia global.

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