El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una mesa técnica para fijar los coeficientes reductores que rebajen la edad de jubilación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La novedad es de fondo: el debate se abre sin distinguir entre regímenes de cotización, un punto que llevan reclamando años los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil.
La reunión constitutiva se celebró este miércoles en la sede del Ministerio, presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. La cita reunió a sindicatos de la Policía Nacional y a las principales asociaciones de la Guardia Civil para acordar la metodología y un calendario de trabajo en los próximos meses.
Hasta ahora, la edad de jubilación de policías y guardias civiles se ha movido en torno a los 65 años, con escasos mecanismos para reconocer el desgaste físico y psicológico de la profesión. La mesa busca un esquema homogéneo de coeficientes reductores —los que permiten adelantar la jubilación sin penalizar la cuantía— aplicable con los mismos criterios a todos los colectivos, al margen del régimen por el que coticen.
La distinción entre régimen general de la Seguridad Social, en el que está la Policía Nacional desde 2011, y Clases Pasivas, donde sigue parte del personal funcionario más antiguo, ha sido una de las grandes barreras para una jubilación anticipada equiparable. La intención del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska es desligar la decisión de ese factor administrativo.
Por la Policía Nacional acudieron el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Equiparación Ya (EYA) y Justicia Policial (JUPOL). La Confederación Española de Policía (CEP) declinó participar en esta primera fase del proceso.
Por la Guardia Civil estuvieron representadas la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional (UO), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
El encuentro sirvió para fijar las líneas metodológicas y un calendario de reuniones técnicas que se extenderá durante los próximos meses. El objetivo, según el Ministerio, es definir los coeficientes «de manera consensuada», de modo que la rebaja en la edad efectiva de jubilación responda al desgaste real de las funciones de seguridad y no quede condicionada por el encaje administrativo de cada cuerpo.
La iniciativa se enmarca en un proceso más amplio de reconocimiento profesional al que ya se han sumado otras herramientas de mejora del trabajo policial, como los nuevos protocolos de atención a víctimas, o las grandes operaciones conjuntas como la incautación de 120 kilos de cocaína en Algeciras, que ilustran la carga operativa creciente sobre estos cuerpos.
No hay todavía una propuesta concreta de coeficientes ni de edad mínima de retiro. Sindicatos y asociaciones han pedido que el calendario «no se eternice» y que la primera versión técnica esté lista antes de fin de año. El Ministerio no ha comprometido por ahora ningún plazo cerrado, aunque admite que el proceso debe avanzar «con la mayor agilidad posible».
Es un porcentaje que se descuenta de la edad legal de jubilación por el carácter especialmente penoso, peligroso o tóxico de una profesión. Permite jubilarse antes sin que la pensión sufra recortes por anticipación.
A los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con independencia de si cotizan en el régimen general de la Seguridad Social o en Clases Pasivas.
La referencia se sitúa en torno a los 65 años, sin un esquema general de coeficientes reductores que reconozca el desgaste de las funciones operativas.
Por Policía Nacional: SPP, SUP, UFP, EYA y JUPOL (CEP no se ha incorporado en esta primera fase). Por Guardia Civil: JUCIL, AUGC, IGC, APC-GC, UO, ASES-GC y AEGC.
De momento no. Solo se ha cerrado un calendario de reuniones técnicas para los próximos meses; cualquier cambio normativo dependerá del consenso final.
Fuente: Ministerio del Interior.
