La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido 120 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) tras inspeccionar cinco contenedores procedentes de Surinam que figuraban como cargamento de madera en bruto. La operación se ha saldado con tres detenidos y el caso está ya en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras, que ha abierto diligencias para esclarecer el entramado.
La intervención llega después de meses de trabajo de inteligencia. Los investigadores tenían señalados los cinco contenedores que llegaron al puerto algecireño con declaración aduanera de madera en bruto, una mercancía habitual en la ruta entre Sudamérica y la fachada andaluza. Las sospechas apuntaban a una posible adulteración de la carga, así que cuando los contenedores tocaron muelle se activó el dispositivo conjunto.
El registro reveló dobles fondos en el interior de los contenedores. Allí estaba escondida la cocaína, lista para entrar en el mercado europeo. La cifra final supera los 120 kilos, una cantidad que sitúa la operación entre las más relevantes de las realizadas en el puerto en lo que va de año. Tras los análisis pertinentes, la droga ha sido destruida.
El examen exhaustivo de la documentación de los envíos permitió a los agentes identificar tanto a los responsables de la logística como a un testaferro encargado de dar apariencia legal a la operación. Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición judicial.
El esquema repite un patrón conocido en el tráfico marítimo de cocaína: empresas pantalla que importan mercancía de bajo valor declarado, contenedores con compartimentos ocultos y una capa intermedia de testaferros para alejar el rastro económico de los responsables reales. Es la misma estructura que ya se ha visto en otras operaciones recientes en suelo español, como la incautación de cocaína en embarcaciones de alta velocidad en Huelva.
La instrucción ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras. Será el órgano judicial el que determine si los detenidos pasan a prisión provisional, qué cargos concretos se les imputan y si la investigación se amplía a otros eslabones de la red. Por ahora, la causa trabaja sobre delitos de tráfico de drogas y los vinculados a la cobertura mercantil de la operación.
El puerto de Algeciras es uno de los principales puntos de entrada de cocaína a Europa por su volumen de tráfico de contenedores y su proximidad al estrecho de Gibraltar. Solo en los últimos meses, distintas operaciones conjuntas entre Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria han desarticulado redes de logística y producción en territorio español. Es el caso del macrolaboratorio de cocaína desmantelado en Toledo, donde participaron las mismas instituciones que ahora actúan en Algeciras.
Otra de las líneas activas en los últimos meses es la cooperación internacional para frenar la entrada de droga por vías alternativas. La operación conjunta con la Policía Federal de Brasil contra el tráfico aéreo de droga es un ejemplo de cómo se intenta cerrar las distintas vías que utilizan las redes de narcotráfico hacia España.
Parte de los recursos para coordinar y ejecutar la operación proceden de los Fondos de Seguridad Interior (ISF) de la Unión Europea, una partida específica que apoya las acciones de los Estados miembros contra la delincuencia organizada y, de manera especial, contra las redes de narcotráfico que operan en los puertos del sur de Europa.
En el puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz. La droga viajaba en cinco contenedores que figuraban como cargamento de madera en bruto procedente de Surinam.
Los agentes han incautado más de 120 kilos de cocaína, ocultos en dobles fondos preparados en el interior de los contenedores. La sustancia ya ha sido destruida tras su análisis.
La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, con apoyo de la cooperación internacional y con financiación de los Fondos de Seguridad Interior de la Unión Europea.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras ha abierto diligencias y dirige la investigación. Será el encargado de decidir las medidas cautelares sobre los tres detenidos.
Según la investigación, el testaferro era la persona que daba apariencia legal a las importaciones, figurando en los documentos aduaneros y mercantiles para ocultar a los responsables reales del envío.
Fuente: Ministerio del Interior.
