El Partido Popular (PP) ha intensificado su presión sobre el Gobierno debido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Telefónica está negociando con los sindicatos, planeando afectar a unos 6.000 empleados, cerca del 24% de la plantilla. Acusando al Gobierno de inacción, el PP ha solicitado la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, para que detalle el plan estratégico de la empresa para el periodo 2026-2030. Este proyecto incluye un ambicioso programa de eficiencia con el que la compañía busca reducir costes y alcanzar un considerable ahorro a finales de la década, además de recortar el dividendo por acción y aplicar el ERE a varias sociedades del grupo. Esta medida ha llevado al PP a registrar preguntas parlamentarias para ser respondidas por el Gobierno, buscando evidenciar divisiones dentro de la coalición gubernamental respecto al tema.
Mientras el ala socialista del Gobierno ha adoptado una postura distante, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha criticado abiertamente el plan de ERE, calificándolo de “indecente”. Díaz ha manifestado su disconformidad, argumentando que una empresa con beneficios y participación pública no debería proceder con despidos masivos, y ha expresado su rechazo a través de una carta formal a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El PP, además, ha cuestionado a Díaz sobre las acciones concretas que su departamento ha emprendido para frenar el recorte de plantilla y ha pedido aclaraciones sobre si el Gobierno ha instruido a su representante en el Consejo de Administración de Telefónica a posicionarse contra los despidos. La controversia gira en torno a la «corresponsabilidad» del Gobierno, dado su papel como accionista relevante en Telefónica, planteando interrogantes sobre la coherencia del Ejecutivo en materia de empleo y su impacto en la economía.
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