José Adolfo Macías, conocido como «Fito», compareció ante la Corte del Distrito Este de Nueva York tras ser extraditado desde Ecuador bajo condiciones impuestas por Quito que excluyen cadena perpetua o la pena de muerte. Macías, señalado como líder de la organización criminal Los Choneros, enfrentó siete cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas. La jueza Vera M. Scanlon ordenó su detención sin derecho a fianza, argumentando el alto riesgo que representa, mientras el fiscal Joseph Nocella lo acusó de inundar Estados Unidos con drogas y violencia. La extradición de Macías es vista como un triunfo político por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien destacó el apoyo ciudadano al referéndum que permitió su traslado.

A pesar de este avance, la extradición de capos como «Fito» no es una solución universal para el crimen en Ecuador, advierte la abogada Dolores Miño. La entrega de criminales a la justicia estadounidense refleja una preocupante falta de confianza en el sistema judicial ecuatoriano, el cual enfrenta severas acusaciones de corrupción y colusión con el crimen organizado. Desde 2024, varios jueces y fiscales han sido destituidos por sus vínculos con mafias. Mientras el gobierno utiliza el caso de «Fito» para demostrar su determinación, el tejido institucional, crucial para enfrentar a las organizaciones criminales locales, sigue profundamente comprometido, con un panorama judicial que demanda reformas urgentes para restaurar su eficacia y reputación.

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