El Gobierno español ha incrementado la presión sobre las comunidades autónomas respecto a la política de vivienda, dejando claro que aquellas regiones que no cumplan con la ley no recibirán financiación estatal en esta materia. Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, advirtió durante una entrevista que aquellas autonomías «insumisas» verán condicionada su financiación estatal, la cual representa entre el 70% y 75% de su política de vivienda. Rodríguez destacó la necesidad de que las administraciones regionales incrementen su presupuesto para cumplir con la normativa. En su intervención, la ministra subrayó que la ley de vivienda faculta al Gobierno a trabajar prioritariamente con las comunidades que están comprometidas con su cumplimiento.

Rodríguez hizo una mención especial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que su insumisión afecta a miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda adecuada, incluyendo empleados públicos. La ministra recordó que Madrid ha recibido 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda y añadió que esos fondos deben ser ejecutados correctamente y orientados al cumplimiento de la ley. Rodríguez defendió que el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda, según lo confirmado por el Tribunal Constitucional, y afirmó que habrá consecuencias para las comunidades que no cumplan con la normativa por motivos partidarios.

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