El despacho Debita Legal canceló más de 9 millones de euros en deudas a ciudadanos y autónomos de Cataluña durante 2025, según datos propios del bufete. La herramienta legal utilizada es la Ley de la Segunda Oportunidad, el mecanismo que permite a particulares en situación de insolvencia extinguir sus deudas una vez que se acredita que no pueden afrontarlas.
El despacho, con sedes en Barcelona y Tarragona, opera en toda Cataluña y ha centrado su actividad en casos de sobreendeudamiento vinculados a préstamos personales, tarjetas revolving y microcréditos. Félix Serrano, abogado del despacho, explica que la mayoría de sus clientes llegaron a la situación de insolvencia después de recurrir a financiación rápida sin informarse bien de sus condiciones.
La Ley de la Segunda Oportunidad, reformada en España en 2022, permite al deudor solicitar ante un juzgado la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), es decir, la cancelación de las deudas que no pueda pagar tras liquidar su patrimonio. El proceso requiere demostrar buena fe, no haber cometido delitos económicos y haber intentado llegar a un acuerdo con los acreedores.
La demanda de este tipo de asesoramiento ha crecido en los últimos años en España, donde el encarecimiento del coste de vida y la proliferación de productos financieros de alto interés han agravado la situación de muchos hogares. Según datos del Banco de España, el crédito al consumo se ha mantenido en niveles altos desde 2023, lo que ha elevado el número de familias con dificultades para cumplir sus compromisos financieros.
Debita Legal ofrece además asesoramiento para la reclamación de tarjetas revolving y microcréditos abusivos, un ámbito en el que los tribunales españoles han declarado nulas decenas de miles de cláusulas en los últimos años por usura o falta de transparencia.
El impacto del sobreendeudamiento sobre la salud y la estabilidad laboral es otro de los factores que impulsan la demanda de estos servicios. El estrés financiero es uno de los factores que más incide en la precariedad laboral, según estudios recientes sobre condiciones de trabajo en España, y afecta especialmente a quienes se encuentran en situaciones de endeudamiento prolongado.
El aumento de peticiones de insolvencia también refleja una mayor conciencia sobre los derechos disponibles. La reforma de 2022 simplificó los trámites y redujo los plazos del proceso, lo que ha hecho que más ciudadanos consideren esta vía. Sobre el contexto económico más amplio, los planes de la Comunidad de Madrid orientados al desarrollo económico y la transferencia de conocimiento también buscan reducir la vulnerabilidad económica de ciudadanos y empresas.
Es un mecanismo legal que permite a personas físicas en situación de insolvencia extinguir sus deudas ante un juzgado, siempre que acrediten buena fe y hayan intentado negociar con sus acreedores. En España fue reformada en 2022 para simplificar los trámites.
Ciudadanos y autónomos en situación de insolvencia que no puedan pagar sus deudas, no hayan cometido delitos económicos y demuestren que han actuado de buena fe durante el proceso.
Puede cubrir préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y otras deudas privadas. Quedan excluidas deudas con la Seguridad Social, Hacienda por encima de ciertos límites y pensiones alimenticias.
Según datos del propio despacho, más de 9 millones de euros en deudas de clientes en Cataluña durante el año 2025.
Además de la ley de segunda oportunidad, el despacho gestiona reclamaciones de tarjetas revolving y microcréditos abusivos, casos de sobreendeudamiento general y reclamaciones bancarias.
