La empresa Shorouk for Protection, Guarding and Security Services, contratada por la ONU para proteger sus instalaciones en Siria con acuerdos que alcanzan los 11 millones de dólares a lo largo de diez años, se ha revelado como una fachada de la Dirección General de Inteligencia (DGI) del régimen de Bashar al-Asad. Documentos confidenciales, parte del proyecto de investigación denominado Damascus Dossier, obtenido por medios como la NDR y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, arrojan luz sobre los profundos lazos entre Shorouk y el aparato de seguridad sirio, conocido por su brutal represión de la disidencia. A pesar de las advertencias de crímenes de guerra cometidos por la DGI, Naciones Unidas mantuvo contratos con Shorouk, justificados por la falta de alternativas debido a las restricciones del régimen de Al-Asad y las limitaciones del mercado sirio para estos servicios.
La situación se complicó más al revelarse que los fondos de los contratos de la ONU con Shorouk terminaban financiando un régimen comprometido con violaciones a los derechos humanos. A pesar de las revelaciones, la ONU en Siria afirmó haber seguido sus protocolos de contratación y ejecutado «diligencia debida reforzada». Sin embargo, intereses económicos subyacentes y la necesidad de supervisión de la actividad de la ONU dentro del país llevaron a la continuidad en los contratos con Shorouk, incluso después de su reevaluación en medio de polémicas. Los documentos del Damascus Dossier también revelan cómo, tras la caída de Bashar al-Asad en 2024, Shorouk sobrevivió bajo un nuevo nombre y branding, respondiendo al nuevo gobierno sirio que determinó como infundados sus vínculos con el antiguo régimen opresivo.
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