El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para abordar las denuncias sobre el aumento de precios en vehículos de transporte con conductor (VTC) tras el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país. La Dirección General de Consumo lidera este expediente informativo, centrándose en las regiones donde se declaró la emergencia.
El detonante de esta intervención es la normativa vigente que prohíbe subir precios dinámicos en situaciones de urgencia. Esta regulación fue implementada tras la devastadora DANA de 2024, especialmente en Valencia. La reforma, encabezada por Pablo Bustinduy, modificó la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, prohibiendo incrementos de tarifas en contextos de demanda urgente, riesgo o necesidad.
Según esta normativa, cualquier aumento de precios durante emergencias de protección civil podría constituir una infracción grave, sancionable con multas de hasta 100.000 euros o seis veces el beneficio ilícito. La modificación busca proteger al consumidor ante eventuales abusos por parte de empresas que utilizan sistemas de precios personalizados y dinámicos. La situación actual pone a prueba esta legislación, mientras se espera que las empresas involucradas ajusten sus prácticas de acuerdo con la ley.
Fuente: Ministerio de Consumo
