El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una consulta pública para modificar la Ley de Regulación del Juego, una norma vigente desde hace quince años que el Gobierno considera desfasada ante el crecimiento del juego en línea. La participación está abierta hasta el 22 de junio de 2026 y cualquier ciudadano, organización o empresa del sector puede enviar sus aportaciones por correo electrónico al buzón habilitado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Una de las reformas que el Ministerio estudia con mayor detalle es la restricción de la publicidad del juego a través de famosos e influencers. El texto plantea que solo los operadores con licencia puedan aparecer en búsquedas relacionadas directamente con las apuestas, de modo que quienes no buscan ese tipo de contenido no lo encuentren de forma involuntaria. La medida afectaría también a la publicidad orgánica en buscadores y a las promociones de captación de nuevos clientes.
La segunda medida de peso es un sistema de detección temprana del juego problemático basado en microdatos reales de los operadores. El algoritmo será de uso obligatorio para todos ellos y, según los cálculos del Ministerio, podría mejorar en diez puntos porcentuales la capacidad actual de identificar conductas de riesgo antes de que se agraven.
Las plataformas publicitarias que difundan anuncios de juegos de azar estarán obligadas a incluir advertencias explícitas sobre los riesgos de apostar, en un formato parecido al de los avisos en las cajetillas de tabaco. Entre los datos que deberán aparecer en esos mensajes, el Ministerio cita uno concreto: el 75% de los jugadores acaba perdiendo dinero.
La reforma de la Ley del Juego coincide con una fase de revisión normativa en distintos ámbitos. Las autoridades han endurecido también las consecuencias legales para los propietarios que presionan ilegalmente a sus inquilinos para que abandonen la vivienda, con posibles penas de cárcel. Del mismo modo, los protocolos sanitarios como el del hantavirus han mostrado cómo las administraciones actualizan sus marcos normativos ante nuevas amenazas.
Si la consulta pública termina con una propuesta legislativa, esta deberá pasar por el Consejo de Ministros y el Parlamento antes de entrar en vigor. Los plazos dependerán de la agenda parlamentaria, por lo que la reforma efectiva puede tardar meses o años en materializarse.
Es la norma estatal que regula las apuestas y los juegos de azar en España, con especial atención al juego en línea. Fue aprobada hace quince años y no ha sufrido una revisión de fondo desde entonces.
Enviando aportaciones por correo electrónico al buzón habilitado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). El plazo está abierto hasta el 22 de junio de 2026.
Si se aprueba la reforma, los influencers y famosos no podrán promocionar operadores de juego y las plataformas estarán obligadas a mostrar advertencias claras sobre los riesgos, incluida la probabilidad del 75% de perder dinero.
Una herramienta basada en microdatos reales de los operadores que identificará patrones de conducta de riesgo. Su uso será obligatorio para todas las plataformas de juego con licencia en España.
Todavía no hay fecha. La consulta pública es el primer paso; después vendrá la redacción del anteproyecto, el paso por el Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria. El proceso completo puede tardar varios meses.
Fuente: Ministerio de Consumo (nota original)
