El enfrentamiento entre Compromís y el gobierno local de Valencia, liderado por el PP, ha escalado con nuevas acusaciones sobre la gestión de los apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Papi Robles, portavoz de Compromís, ha denunciado la supuesta ineficacia del Ayuntamiento al no clausurar adecuadamente estos alojamientos. En una visita a un apartamento en el barrio de la Malva-rosa, Robles destacó que a pesar de una orden de cierre que data de hace dos años, el inmueble sigue disponible en plataformas de alquiler. Paralelamente, la alcaldesa María José Catalá afirma haber cerrado el 14% de estos pisos en los últimos años, aunque Compromís critica que los datos proporcionados son inexactos, señalando que solo 800 direcciones han sido sometidas a inspección.
La situación ha movilizado a las asociaciones vecinales, que claman por una mejor regulación para proteger a los residentes locales y frenar un modelo que consideran perjudicial para los barrios costeros. El presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, Daniel Adell, lamenta la falta de cooperación del Ayuntamiento y la creciente presión sobre la vivienda local. Según los vecinos, miles de apartamentos operan ilegalmente, lo que ahonda la crisis de vivienda. Mientras el gobierno local intenta atribuir la actual situación a gestiones previas de Compromís, las tensiones se mantienen en torno a las normativas fallidas y la imperiosa necesidad de regular el sector turístico en Valencia.
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