El absentismo laboral le cuesta a España más de 16.500 millones de euros al año, según los cálculos que maneja la patronal a partir de los datos de la Seguridad Social. Detrás de esa cifra hay 1,4 millones de personas que cada día no acuden a su puesto y un récord de 8,6 millones de procesos de incapacidad temporal cerrados en el último ejercicio. Desde 2017, la incidencia ha subido un 58% y ha dejado en evidencia que muchas compañías siguen gestionando la jornada con hojas de cálculo y partes manuales.
En ese contexto, el empresario gallego Jorge Cebreiros Arce, con más de cuarenta años en el sector tecnológico, ha presentado CheckJC, una plataforma de control horario que pretende ir más allá del simple fichaje. La propuesta llega justo cuando el Real Decreto del registro digital de jornada obliga a las empresas a llevar un control trazable de las horas trabajadas, con sanciones por incumplimiento.
Las cifras dibujan un problema estructural. El último informe de Randstad Research apunta que 1,6 millones de trabajadores faltan a su puesto sin justificación médica cada día, una tendencia que sindicatos y empresarios coinciden en calificar de insostenible. La discusión sobre cómo financiar las bajas tampoco ha frenado la curva: España lidera las tasas más altas de absentismo de la Unión Europea pese a las propuestas de no pagar los primeros días de baja.
Iniciativas como el Summit Absentismo 2026 que organizó el IRSST han puesto el foco en lo mismo que denuncia Cebreiros: las empresas saben que tienen un problema, pero rara vez disponen de información fiable para medirlo en tiempo real.
El decreto exige a todas las empresas registrar de forma digital y trazable la jornada de cada trabajador, con acceso para la Inspección de Trabajo. La idea es ganar transparencia y evitar tanto el exceso de horas no pagadas como las ausencias sin justificar. La parte complicada, en la práctica, está en el cumplimiento: muchos negocios pequeños y medianos siguen anotando entradas y salidas en papel o en una hoja de Excel compartida, un sistema que ni cumple la norma ni permite extraer información útil.
La plataforma diseñada por Cebreiros funciona en la nube y se adapta tanto a empresas con apenas digitalización como a las que ya tienen su propio software de recursos humanos. Más allá del fichaje, ofrece cuadros de mando, indicadores y alertas automáticas cuando se detectan incidencias, retrasos o picos de bajas.
«El registro de jornada no es un trámite, es una herramienta estratégica para la empresa», resume Cebreiros, que insiste en que el problema no se resuelve solo con cumplir la ley.
Entre los clientes que cita la compañía figuran la Universidad de Vigo, la cooperativa COFANO y la cadena de supermercados GADIS. En todos los casos, según la empresa, el cambio ha permitido reducir la carga administrativa de los responsables de recursos humanos y planificar turnos y vacaciones con más antelación. La compañía no ha facilitado cifras concretas de mejora ni el ahorro estimado.
Cebreiros sostiene que el objetivo a medio plazo es que el tejido empresarial español deje de ver el control horario como una obligación legal y empiece a tratarlo como una fuente de información. Si funciona, el registro de jornada serviría no solo para fichar, sino para anticipar repuntes de absentismo, ajustar plantilla y proteger el margen económico de la empresa antes de que el problema se note en la cuenta de resultados.
Sí. El Real Decreto sobre registro horario obliga a todas las empresas, con independencia de su tamaño, a llevar un control diario de la jornada de cada trabajador y a conservar esos registros durante cuatro años. La Inspección de Trabajo puede exigir el acceso en cualquier momento.
Las estimaciones más recientes hablan de unos 16.500 millones de euros al año entre coste directo para las empresas y prestaciones a cargo de la Seguridad Social. La cifra ha subido un 58% desde 2017.
Más que registrar entradas y salidas, la plataforma cruza esos datos con turnos, vacaciones y bajas para generar indicadores y alertas. La idea es detectar problemas antes de que se conviertan en pérdida de productividad.
El incumplimiento se considera infracción grave en materia laboral. Las sanciones van desde unos 750 euros por trabajador afectado hasta multas mayores cuando hay reincidencia o concurren otras irregularidades.
La plataforma se ofrece en la nube con planes escalables, así que tanto un pequeño comercio con cinco empleados como una empresa con varios cientos de trabajadores pueden usarla sin instalar servidores propios.
