Menos del 20% de los pacientes derivados para un trasplante de riñón en Estados Unidos llega a figurar en la lista de espera oficial. Es el dato central de un estudio de la Universidad de Nueva York basado en el análisis de más de 720.000 pacientes con enfermedad renal en diálisis. El trabajo, liderado por el Dr. Conor Donnelly, cuantifica una brecha que los especialistas llevaban años identificando sin documentar a esta escala.
El problema empieza antes incluso de que el proceso arranque: casi la mitad de los candidatos potenciales nunca inicia los trámites de evaluación. De los que sí los inician, muchos abandonan en las distintas fases, que incluyen análisis de sangre, pruebas de imagen, cribado oncológico y visitas presenciales a los centros de trasplante. Solo una minoría completa la totalidad del protocolo y accede a la lista.
La ubicación geográfica y el nivel socioeconómico son los factores que más peso tienen en la exclusión. Los pacientes de zonas rurales o del sur del país tienen menos oportunidades de completar la evaluación. Quienes no tienen transporte, seguro médico adecuado o apoyo familiar se retiran antes de llegar a las fases más avanzadas. La barrera del idioma suma otro obstáculo para los pacientes que no hablan inglés con fluidez.
Los centros de trasplante de menor tamaño también aparecen como un factor de exclusión. Según el análisis, tienden a ser más selectivos con los candidatos, lo que reduce el acceso en las áreas donde son la única opción disponible.
Las consecuencias de estas barreras son directas. Alrededor de 90.000 personas están en lista de espera activa en EE.UU., y según datos oficiales, cada día fallecen aproximadamente 11 de ellas antes de recibir un órgano. La diálisis prolonga la vida, pero con un coste físico importante: los pacientes pasan varias horas conectados a máquinas dos o tres veces por semana, con un impacto directo en su calidad de vida, su empleo y sus rutinas.
El contraste con otros sistemas sanitarios es llamativo. España lleva más de tres décadas como líder mundial en donación de órganos por millón de habitantes, con una red de coordinadores hospitalarios activa desde 1989 y tasas superiores a 40 donantes por millón en los últimos años. El debate sobre qué pacientes tienen acceso real a los recursos del sistema no es exclusivo de EE.UU.: la atención a enfermedades crónicas como la ELA en la Comunidad de Madrid plantea preguntas similares sobre equidad en el acceso a tratamientos especializados.
El equipo de Donnelly propone tres medidas concretas: mejorar la educación sobre el proceso de trasplante entre los pacientes en diálisis, asignar coordinadores de caso para acompañarlos en cada etapa y reducir las barreras logísticas. Herramientas como las encuestas nacionales de salud —similares a la Encuesta Nacional de Salud Sexual en España— permiten detectar brechas en el acceso y orientar intervenciones concretas de salud pública.
El estudio se ha presentado en congresos de nefrolología y distintas organizaciones de pacientes en EE.UU. ya lo citan en sus peticiones al Congreso para reformar el sistema de asignación de trasplantes y ampliar el acceso a la evaluación.
Alrededor de 90.000 personas están inscritas en la lista de espera oficial en Estados Unidos. Cada año se realizan unos 25.000 trasplantes de riñón, lo que deja una brecha considerable entre demanda y disponibilidad de órganos.
Las principales son la distancia a los centros de trasplante, la falta de seguro médico o recursos económicos para afrontar las pruebas y los desplazamientos, la ausencia de apoyo familiar y la barrera del idioma. Los centros más pequeños y selectivos agravan el problema en las zonas con menos alternativas.
La diálisis filtra la sangre de forma artificial, pero no sustituye todas las funciones del riñón. Los pacientes pasan entre tres y cinco horas por sesión, tres veces por semana, lo que limita su movilidad y calidad de vida. La esperanza de vida en diálisis crónica es menor que con un trasplante funcionante.
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) coordina el proceso a nivel nacional con un modelo de donación presunta (opt-out), salvo objección expresa del fallecido o su familia. España ha mantenido tasas de donación superiores a 40 por millón de habitantes en los últimos años, muy por encima de la media europea y del promedio en EE.UU.
