Las universidades públicas de Andalucía culminan el año 2025 inmersas en una contienda abierta con la Junta de Andalucía debido al incumplimiento del nuevo modelo de financiación aprobado por el gobierno de Juan Manuel Moreno en 2023. En una señal de protesta, ocho de los diez rectores votaron en contra del segundo reparto del presupuesto universitario, que asciende a 1.775 millones de euros, calificándolo de insuficiente. Un manifiesto leído en todos los campus exige que el Ejecutivo autonómico cumpla sus compromisos y advierten con emprender acciones legales si no se corrige la situación, la cual consideran que está deteriorando progresivamente el sistema público universitario andaluz, un componente esencial para el progreso y la igualdad de oportunidades de la región.
Los rectores reprochan la falta de cumplimiento de la cláusula de salvaguarda del modelo, que debería garantizar el 100% de la financiación respecto al año anterior y un incremento correspondiente a las retribuciones del personal. Además, destacan la insuficiencia del importe transferido para los complementos del personal investigador y administrativo, y critican la desaparición de una partida de 16 millones prometida para sostenibilidad y digitalización. Aunque la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía se abstuvieron en la votación debido a la activación de una partida de nivelación para corregir desigualdades, el consenso general entre los rectores es que el sistema actual coloca al sistema universitario andaluz en una posición de vulnerabilidad financiera, contraviniendo lo establecido por la Ley del Sistema Universitario sobre una financiación basal suficiente.
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