La administración de Donald Trump tiene la intención de imponer nuevas sanciones a los inmigrantes ilegales como parte de sus esfuerzos por endurecer las leyes de inmigración en Estados Unidos. Este nuevo reglamento establece multas de hasta 5.000 dólares y penas de prisión de hasta seis meses para aquellos que no se registren en un nuevo sistema que exige huellas dactilares y dirección de residencia para los inmigrantes, incluidos niños mayores de 14 años. La medida busca transformar la estancia ilegal en un delito castigable, marcando un cambio respecto a las sanciones administrativas previas que no catalogaban la situación como un crimen. Esta iniciativa se fundamenta en normas de inmigración vigentes desde 1940, que originalmente se diseñaron para mantener un registro de presuntos comunistas.
En paralelo, otras acciones están siendo implementadas para reforzar la seguridad fronteriza, como el despliegue de 1.500 soldados adicionales en la frontera con México y la clausura de programas de asilo como el CBP One. Asimismo, el departamento de Defensa ha facilitado aviones militares para ejecutar deportaciones masivas. Desde la llegada de Trump al poder el 20 de enero, ha firmado varios decretos relacionados con la inmigración, cumpliendo su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas. La Patrulla Fronteriza reportó una disminución en los cruces ilegales tras estas medidas, revelando un descenso en las detenciones de 47.000 en diciembre a 29.000 en enero. Estos esfuerzos reflejan una política dura destinada a reducir la inmigración ilegal y establecer controles más estrictos en la entrada al país.
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