En su primer día como presidente, Donald Trump ha comenzado a implementar una transformación radical en el sistema de inmigración de Estados Unidos. En una medida que subraya su enfoque agresivo, ha destituido a las cuatro juezas que supervisaban las 71 cortes federales de migración, una estructura que ya enfrentaba un abrumador atasco con 3,5 millones de casos pendientes. Esta acción forma parte de una serie de medidas ejecutivas firmadas en su investidura, las cuales restringen significativamente el acceso de migrantes, ya sean indocumentados o refugiados legales. El nuevo Departamento de Justicia confirmó los despidos, siendo reemplazada la jueza presidenta Sheila McNulty por Sirce Owen, quien fue la principal consejera jurídica de ICE en el primer mandato de Trump.

La destitución de McNulty y las demás juezas —todas ellas con una vasta trayectoria sirviendo a presidentes de ambos partidos— se interpreta como una señal clara del endurecimiento de la política migratoria bajo Trump. La administración anterior, encabezada por Biden, se distinguió por tener una perspectiva más humanitaria que despertó críticas de grupos conservadores como la Fundación Heritage, que listó a McNulty entre los “burócratas más buscados” por su enfoque. En adición a los cambios en el liderazgo de las cortes, Trump ha reforzado el control en la frontera sur, suspendiendo procedimientos de asilo y desplegando tropas. Aunque estas medidas podrían ser temporales, no parece probable que se reviertan en el corto plazo, dado el contexto de otras acciones restrictivas implementadas por su administración.

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