El Tribunal Administrativo de Antioquia ha decretado medidas cautelares que suspenden un decreto del gobierno de Gustavo Petro para reformar el sistema de salud en Colombia, impidiendo así el traslado masivo de millones de colombianos entre distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS). La disposición legal, emitida a fines de febrero, pretendía que las EPS solo operaran en áreas donde tuvieran al menos el 3% de la población afiliada, lo que provocaría que muchas aseguradoras tuvieran que transferir usuarios a otras, incluyendo la controversiada Nueva EPS. Según cálculos, el movimiento afectaría a unos seis millones de usuarios, de los cuales 2,6 millones serían destinados a la Nueva EPS, una entidad actualmente intervenida por el gobierno y con una alta incidencia de reclamos. El magistrado Daniel Montero advirtió que tal cambio podría conducir al colapso del sistema y generar daños irreparables en la prestación de servicios.
El origen de la demanda contra el decreto emanó de Víctor Raúl Palacio, representante de la Asociación de Usuarios de Sanitas, quien argumentó que las imposiciones comprometían derechos fundamentales de los usuarios, al suponer traslados forzosos a una EPS sin la infraestructura adecuada para manejarlos. El tribunal evaluó que la política parece favorecer a la Nueva EPS en detrimento de la libre elección del afiliado y sin fundamentación técnica sobre su capacidad para absorber tal volumen de usuarios. Hasta tanto se determine la resolución de fondo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia deben abstenerse de ejecutar el decreto reglamentario 182 de 2026. Esta acción judicial representa un revés en la agenda del presidente Gustavo Petro de aumentar la participación estatal en el sistema de salud mediante decretos, después de que sus intentos de reforma ya fueran bloqueados por el Congreso en dos ocasiones.
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