En un contexto de encarecimiento continuo del mercado inmobiliario en España, la rentabilidad del alquiler ha dado un salto significativo en los últimos meses, alcanzando un 7,12% en febrero de 2026, según un reciente informe publicado por pisos.com. Este repunte representa una notable mejora frente al escenario de hace un año, cuando la rentabilidad se situaba en un 5,99%, y muestra una ligera alza comparada con el 7,09% registrado en enero del mismo año.

El estudio detallado por la plataforma inmobiliaria desvela que un propietario que posea una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, adquirida a un precio medio de 219.150 euros, puede ahora esperar obtener una renta mensual media de 1.300 euros. Esto se traduce en ingresos brutos anuales de 15.606 euros, marcando una rentabilidad que ha captado la atención de inversores en busca de oportunidades lucrativas en un mercado complejo.

La subida en la rentabilidad se inscribe en un marco donde la oferta disminuye drásticamente y los precios de alquiler se incrementan, situación que ha levantado alarmas en diversos sectores. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que la inseguridad jurídica y la normativa cambiante son factores determinantes que han contribuido a una reducción de la oferta, alimentando la competencia entre inquilinos y disparando los precios. «Este incremento es fruto de una combinación de elementos económicos, políticos y regulatorios que complican el acceso a la vivienda», subraya Font.

Cabe destacar la disparidad entre ciudades en la rentabilidad de alquiler. Tarragona emerge como líder con un 8,15%, seguida de Sevilla (8,08%) y Jaén (7,39%). En contraste, Donostia – San Sebastián cierra la clasificación con un modesto 3,84%. Ciudades como Palma y Girona también muestran rentabilidades reducidas, con 4,42% y 4,49%, respectivamente. Esta variabilidad evidencia las diferencias regionales en el atractivo del mercado del alquiler, reflejando un mosaico de oportunidades y desafíos.

La problemática del alquiler, más allá de ser un mero dilema económico, se perfila como un reto social y estructural que requiere acciones decididas. Font advierte que la escasez de oferta unida a la incertidumbre regulatoria son cuestiones que deben abordarse con urgencia a nivel nacional. El panorama actual demanda tanto una respuesta política como una estrategia a largo plazo para garantizar el acceso justo y sostenible a la vivienda.