La externalización de la inspección tributaria local ha suscitado un serio debate en el ámbito fiscal español. De acuerdo con el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, esta práctica no solo es contraria a Derecho, sino que aumenta los riesgos de fraude fiscal. Según esta organización, el problema se origina por la «deficiente dotación y gestión de los recursos humanos» en las administraciones encargadas de aplicar el sistema tributario y controlar el gasto público.

Gestha ha puesto de relieve la evolución preocupante de la plantilla de la Agencia Tributaria, la cual ha disminuido en más de 600 personas desde el año 2000, a pesar del aumento del 25% en la población española y el incremento de empresas activas. Esta reducción de personal, junto con una carrera profesional paralizada y problemas en la movilidad de técnicos, contrasta con el aumento de casos de fraude y complejidad en la evasión fiscal.

Durante el XXV Curso sobre Inspección y Actualidad Tributaria, Javier Gómez Vergel, presidente de Gestha, criticó la externalización de funciones inspectoras por algunos ayuntamientos. Según él, esta práctica compromete las garantías ciudadanas y la confidencialidad de los datos, al delegar potestades públicas en manos privadas. Además, advirtió sobre las consecuencias negativas de no contar con suficientes recursos humanos en la administración tributaria, como la caída del 82% en denuncias por delitos fiscales desde 2011 y la disminución del 18% en ingresos por prevención y lucha contra el fraude desde 2015.

Frente a este contexto, los técnicos del Ministerio de Hacienda han exigido un reforzamiento de los medios del Ministerio, particularmente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y en organismos análogos. Este refuerzo es vital para combatir el fraude, garantizar la legalidad y mejorar el control del gasto público.

En respuesta a esta situación, Gestha ha convocado una jornada de huelga y una concentración en Madrid para el 26 de noviembre. Con esta acción, buscan denunciar la falta de medios, el estancamiento de la carrera profesional, la escasa movilidad, y el poco reconocimiento de las funciones llevadas a cabo por estos técnicos. La organización considera que estas deficiencias perjudican la lucha contra el fraude fiscal y el control eficiente del gasto público. «Es necesario proteger las garantías patrimoniales de los contribuyentes y fortalecer la función tributaria de las administraciones», concluyó Gómez Vergel.
Fuente: Gestha