
La Comisión Europea, respaldada por las autoridades de protección al consumidor de 23 Estados miembros, así como de Islandia y Noruega, ha hecho pública una investigación que revela preocupantes prácticas empresariales durante el Black Friday y el Cyber Monday. Este escrutinio, realizado mediante un exhaustivo barrido digital, tenía como objetivo verificar el cumplimiento de la legislación europea en cuanto a descuentos y fijación de precios.
Los hallazgos son reveladores: de los 314 comercios online revisados en Europa, un 30% de ellos presentó irregularidades al mencionar descuentos, violando potencialmente la directiva europea que exige que el precio base refleje el más bajo de los 30 días previos. Esta investigación ha destacado la existencia de otras prácticas cuestionables que pueden manipular las decisiones de los consumidores.
Entre las tácticas observadas, un 36% de las empresas añadieron artículos no deseados a las cestas de los clientes sin obtener su consentimiento explícito, y un 34% realizaron comparaciones de precios sin clarificar el precio de referencia. Asimismo, el 18% de los operadores utilizó técnicas de venta bajo presión, engañando a los consumidores al afirmar la falsa escasez de productos, mientras que un 10% practicó el «drip pricing», ocultando costes adicionales hasta el final del proceso de compra.
El Ministerio de Consumo de España, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha jugado un papel crucial en esta iniciativa, alineándose con las medidas europeas mientras implementa sus propias estrategias de vigilancia. A través de la enorme campaña de supervisión llevada a cabo en noviembre pasado, el ministerio no solo monitoreó las falsas rebajas, sino que también expandió su enfoque para abarcar un rango más amplio de prácticas desleales.
Como parte de su compromiso, Consumo ya ha impuesto sanciones significativas, ascendiendo a 350.000 euros, a siete grandes operadores de comercio online por prácticas engañosas durante previas ediciones del Black Friday. Estas sanciones han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En un esfuerzo por fortalecer la protección de los consumidores, las autoridades españolas continúan trabajando dentro del ámbito de la Unión Europea para abordar temas como los precios por goteo y la transparencia algorítmica en precios personalizados. Se esperan nuevas normativas en el país, que se sumen a las ya vigentes, para limitar estas prácticas.
Como parte de esta ofensiva, la Dirección General de Consumo está preparando una «guía de precios» que se lanzará este otoño, diseñada para orientar a las empresas sobre cómo evitar prácticas comerciales desleales. El objetivo es claro: garantizar que los consumidores puedan beneficiarse de verdaderas ofertas de manera transparente y justa.
Fuente: Ministerio de Consumo
