En un nuevo capítulo de las tensiones políticas en España, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha intensificado la presión sobre el Gobierno del PSOE al poner en manos de su militancia una consulta crucial para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Tras un fin de semana cargado de mensajes críticos desde el foro anual del partido, Belarra ha anunciado que la continuidad del apoyo de Podemos al Gobierno dependerá de la adopción de dos exigencias principales: romper las relaciones diplomáticas con Israel y aplicar medidas drásticas para enfrentar la crisis de la vivienda, como la reducción de alquileres en un 40% y la prohibición de compras de viviendas no destinadas a residencia. Este movimiento estratégico busca reforzar la posición de Podemos en el Congreso, donde sus cuatro diputados son vistos por Belarra como clave para presionar al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Por otro lado, la respuesta a la postura de Podemos ha sido variada entre sus socios gubernamentales. Desde Sumar, la coportavoz Elizabeth Duval ha minimizado la estrategia de Belarra, subrayando la necesidad de avanzar en el pacto entre los socios de coalición sin entrar en el juego de condiciones exigido por Podemos. Sumar también ha mantenido su propia agenda, centrada en prohibir la compra de viviendas con fines especulativos y establecer medidas fiscales para enfrentar el problema de la vivienda. Tanto Duval como el diputado Carlos Martín han enfatizado las divergencias en fiscalidad con el PSOE, abogando por la permanencia de impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas como parte del acuerdo presupuestario. Este tira y afloja en la izquierda del espectro político español no solo mantiene la atención sobre la estabilidad del Gobierno de coalición, sino que también pone de relieve las crecientes tensiones en torno a las políticas sociales y económicas que definirán el futuro inmediato de la administración Sánchez.
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