La reciente operación policial que ha sacudido a la aerolínea española Plus Ultra ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades y controversias que rodean a la compañía desde sus inicios. La detención del presidente de la empresa, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli, responde a una investigación en marcha sobre presunto blanqueo de capitales, vinculada a fondos públicos que la propia compañía recibió en el marco del rescate estatal llevado a cabo durante la pandemia.
Fundada en 2011 por ejecutivos con antecedentes en Air Madrid, Plus Ultra empezó a operar en julio de 2015 con la intención de consolidar rutas entre Madrid y destinos latinoamericanos y africanos. Desde sus primeros años, la aerolínea se posicionó como una alternativa en rutas que conectan España con países como Colombia, Venezuela, Perú y Malabo, con una flota principalmente compuesta por Airbus A330. La estrategia incluía también vuelos entre Tenerife y Caracas, reforzando su presencia en el mercado de conexiones estratégicas y de alta demanda.
El camino económico de Plus Ultra ha sido marcado por continuas dificultades. La compañía reportó pérdidas desde su fundación y, en plena crisis sanitaria, fue uno de los pocos que logró acceder a fondos públicos para mantenerse a flote: en marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó una ayuda de 53 millones de euros, gestionada por SEPI, bajo la premisa de su carácter estratégico para los enlaces internacionales. La operación, aprobada tras informes favorables de varias entidades, generó en su momento duras críticas políticas y sectoriales, principalmente por las formas opacas en las que se manejaron los fondos, y por las conexiones de sus accionistas y socios en paraísos fiscales como Panamá y países en los que la transparencia institucional es limitada.
El entramado societario de la aerolínea involucra a empresarios venezolanos y plataformas radicadas en Panamá, entre ellas Snip Aviation y FlySpain, responsables del control mayoritario y de varios puestos en el consejo de administración. Vínculos con un banco panameño, Panacorp, también alimentaron las críticas sobre posibles operaciones de lavado de dinero y de utilización indebida de recursos públicos para favorecer intereses privados.
La operación policial del jueves revela una dimensión mucho más compleja: las autoridades sospechan que los fondos destinados a fortalecer a Plus Ultra durante la crisis no fueron utilizados exclusivamente para los fines declarados, sino que se habrían canalizado hacia cuentas en paraísos fiscales, en un esquema tentativo de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. La investigación aún está en una fase inicial, y por el momento se ha evitado pronunciarse sobre la existencia de una organización criminal, aunque la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción apunta a irregularidades que afectan la credibilidad tanto de la gestión empresarial como del uso de recursos públicos.
A medida que se desarrollan las pesquisas, las implicaciones para la aerolínea son significativas. La detención de sus máximos responsables representa un golpe duro para la imagen de una compañía que, pese a sus problemas económicos y a las controversias, mantiene en funcionamiento vuelos entre Madrid y varias capitales latinoamericanas. La denuncia pone en entredicho la legalidad de las ayudas públicas y cuestiona las prácticas internas de una empresa que, en su historia, ha estado en el centro de debates sobre transparencia, política y economía en el sector aéreo español.
