La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha tomado medidas severas tras los incidentes ocurridos durante el clásico entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, celebrado el pasado 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La propuesta contempla la clausura del estadio durante un mes y una multa de 120.000 euros para el club sevillista, sanciones que buscan enviar un mensaje claro en defensa de la seguridad y el respeto en el fútbol español.

El informe elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional detalla con contundencia cómo se lanzaron objetos al campo en momentos clave del encuentro y cómo se desplegaron pancartas con contenido incitador del odio o vinculadas a grupos radicales como Biris Norte y Bukaneros. La ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, prohíbe expresamente promover o apoyar agrupaciones radicales, pero en esta ocasión quedó evidenciado que hubo una clara infracción primero con la exhibición en el fondo del estadio de un tifo homenaje a Biris en su 50 aniversario, y posteriormente con pancartas que insultaban a rivales y a la policía, además de reivindicar a ultras del grupo radical.

El despliegue del tifo fue especialmente polémico, ya que aunque el club aseguró que contaba con autorización previa y el coordinador de seguridad advirtió sobre la posible vinculación del mismo con grupos radicales, la realidad fue otra. La bandera gigante mostraba un dibujo distinto al aprobado previamente y fue reivindicada en redes sociales por los propios ultras que la crearon, evidenciando la falta de control en ciertos aspectos del espectáculo.

No solo en las gradas, sino también en los entrenamientos abiertos al público, ambos clubes han sido sancionados por incumplimientos a las medidas de seguridad. La comisión propone multas de 40.000 euros para el Sevilla FC y 30.000 euros para el Real Betis por la presencia de bengalas, un elemento prohibido por el riesgo que implica para la seguridad. La diferencia en las sanciones radica en la cantidad de humo y la gravedad de cada incidente.

En cuanto a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional detectó también en otros frentes disturbios ocasionados por grupos radicales. En el estadio José Zorrilla en Valladolid, se propuso sancionar a 107 hinchas de clubes como el Real Valladolid, el Sporting de Gijón y el Oviedo, por los altercados del 19 de octubre. Los radicales de diferentes clubes intentaron enfrentarse, lanzándose objetos y intercambiando insultos y amenazas, aunque los agentes lograron evitar un conflicto directo. Las multas oscilan hasta los 3.001 euros.

En una causa relacionada, también fue sancionado un aficionado del Rayo Vallecano por impedir que jugadores del FC Barcelona entregaran camisetas a niños en Madrid, en un acto que mostró cierta intolernacia. Las imágenes, tomadas por la Policía en redes sociales, evidencian cómo un seguidor recriminó a los pequeños por solicitar autógrafos a futbolistas rivales, en el contexto de la presencia del grupo radical Bukaneros.

Finalmente, ante el aumento de riesgos en determinados encuentros, la Comisión ha declarado en nivel de alto riesgo el partido entre Rayo Vallecano y el Real Betis Balompié, que tendrá lugar en Madrid el 15 de diciembre de 2025. Esto implica medidas adicionales como la limitación de venta de entradas en el día del partido y un control reforzado de la afición visitante, para evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

La labor de la Comisión, conformada por representantes del Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Liga, la Federación Española de Fútbol y otros organismos, busca que el fútbol sea un espacio de respeto y convivencia, donde la violencia y la intolerancia sean claramente sancionadas y rechazadas. La percepción de peligrosidad en ciertos partidos y la presencia de grupos radicales evidencia que aún hay mucho por hacer para erradicar las conductas que dañan la integridad del deporte y la seguridad ciudadana.

Fuente: Ministerio del Interior