El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha intensificado su ofensiva contra el principal cartel narcotraficante del país, el Clan del Golfo. En una reciente operación militar en Segovia, Antioquia, nueve miembros del grupo fueron abatidos, uno capturado y se incautaron trece fusiles. Esto marca el tercer bombardeo en el gobierno de Petro, que había restringido drásticamente tales acciones al inicio de su mandato. La decisión de retomar los bombardeos se produjo después de una emboscada en febrero de 2024, en la que el Clan del Golfo atacó a militares, lo que provocó una reacción decidida por parte del gobierno. Petro ha enfatizado que, en ausencia de menores en los campamentos, dichas acciones son justificadas y necesarias para enfrentar la amenaza del grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.
A pesar de intentos previos de diálogo en un «espacio de conversación socio-jurídico», el Clan del Golfo sigue como una fortaleza delictiva en expansión, ahora bajo el liderazgo de Jobanis de Jesús Ávila, alias «Chiquito Malo». Con más de 6,000 miembros, el grupo controla una significativa porción del tráfico de drogas y actividades ilegales en Colombia, incluyendo extorsión y minería ilegal. La postura agresiva del gobierno ha sido aplaudida por algunos sectores, como el nuevo Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien defendió la legitimidad de las operaciones militares. Sin embargo, la situación resalta la complejidad y fragmentación del conflicto armado en Colombia, donde las iniciativas de paz enfrentan serios desafíos ante la persistencia de grupos armados como el Clan del Golfo.
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