En el día de hoy, España celebra un avance significativo en el ámbito de la salud mental, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social. Esta reforma introduce el artículo 13 bis, centrado en la atención integral y comunitaria en materia de salud mental, marcando un paso adelante en la calidad y los derechos de atención para personas con trastornos mentales.

El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer un documento de preguntas y respuestas para facilitar la comprensión del alcance de este artículo. Uno de los aspectos más relevantes es la regulación sobre los ingresos involuntarios en salud mental, la cual no conoce modificaciones significativas respecto a los procedimientos ya establecidos. Según el artículo 13 bis, se mantienen los ingresos involuntarios no urgentes e ingresos urgentes, ambos dispuestos bajo el amparo del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para los no urgentes, sigue siendo necesaria la autorización judicial previa, mientras que los internamientos urgentes requieren informar al juzgado en el plazo de las primeras 24 horas y precisarían ratificación judicial dentro de las siguientes 72 horas.

Además, se establecen nuevas garantías para los ingresos urgentes por riesgo vital. Estas garantías aseguran que, cuando una persona no pueda decidir por sí misma, se considere su voluntad anticipada y se proporcionen los apoyos necesarios conforme a la Ley 8/2021. Es vital, según el artículo 13 bis, documentar en la historia clínica que se han agotado alternativas voluntarias antes de proceder con un ingreso involuntario urgente.

La ley introduce un enfoque no discriminatorio, reafirmando que ninguna persona puede ser sometida a un ingreso involuntario solo por tener una discapacidad. Esto garantiza que todas las personas reciban una atención sanitaria equitativa, protegiendo sus derechos sin padecer discriminación alguna.

El impacto de esta normativa se extiende también a los menores de edad, sin modificar las protecciones especiales preexistentes para este grupo. Para facilitar la aplicación del artículo 13 bis, el Ministerio de Sanidad está desarrollando un reglamento detallado y un manual de recomendaciones prácticas, ambos en colaboración con profesionales y asociaciones relacionadas con la salud mental.

Este avance normativo refuerza el compromiso de España con los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo un modelo de atención comunitaria y asegurando que los procedimientos de salud mental sean lógicos, transparentes y respetuosos con los derechos humanos. Con el tiempo, esta nueva estructura legal pretende mejorar sustancialmente la experiencia y bienestar de las personas con trastornos mentales en el país.

Fuente: Ministerio de Sanidad