El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo la distribución territorial de 60.058.000 euros para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los fondos llegarán a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que administra la sanidad en Ceuta y Melilla.
El acuerdo prioriza la atención a cuatro grupos: población infantil y juvenil (0 a 14 años), mujeres embarazadas, personas con una discapacidad reconocida del 33% o más, y pacientes con diagnósticos oncológicos cervicofaciales. El 90% de los fondos reforzará la cobertura en estos grupos ya existentes. El 10% restante se distribuirá en función del peso poblacional de los mayores de 65 años en cada territorio, un grupo que el plan prevé incorporar de forma progresiva.
Los datos de cobertura del último ejercicio muestran que el 30,4% de la población infantojuvenil ya tiene acceso a la atención bucodental pública, cinco puntos y medio más que el año anterior. La cobertura en mujeres embarazadas alcanza el 25%. Los mayores de 65 años tienen una cobertura inicial del 3%, y estas nuevas inversiones buscan ampliarla.
Del total de los fondos, 331.437,31 euros corresponden al INGESA. El resto se reparte entre las comunidades autónomas con arreglo a las variables demográficas ya citadas. Las administraciones deben ejecutar el presupuesto antes de 2028 y presentar informes periódicos sobre el grado de cumplimiento y los indicadores de cobertura del programa.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Salud Bucodental acordado en el Consejo Interterritorial del SNS, que busca reducir las desigualdades territoriales en el acceso a estos servicios. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 3.500 millones de personas en el mundo sufren alguna enfermedad bucodental, y varios estudios vinculan su prevalencia con el nivel socioeconómico.
La ampliación de la cartera dental del SNS coincide con otros esfuerzos del sistema sanitario por actualizar su respuesta a distintos riesgos de salud. El análisis de ambientes interiores como herramienta de vigilancia epidemiológica es otra de las líneas que los investigadores están desarrollando para completar los sistemas de detección precoz. También se mantiene el foco en la salud laboral, donde las condiciones de trabajo inciden directamente en la salud bucodental, especialmente en sectores con alta exposición a productos químicos o con turnos nocturnos prolongados.
Los grupos prioritarios son niños y jóvenes de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes oncológicos cervicofaciales. Los mayores de 65 años se están incorporando progresivamente.
El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 la distribución de 60.058.000 euros entre las comunidades autónomas e INGESA para ampliar la cartera común de salud bucodental.
El 30,4% de la población infantojuvenil tiene ya cobertura dental pública, 5,2 puntos más que el año anterior. El objetivo es seguir ampliando esa cobertura con los nuevos fondos.
Las comunidades autónomas e INGESA deben ejecutar el presupuesto antes de 2028 y presentar informes periódicos sobre la cobertura y la actividad del programa.
Fuente: Ministerio de Sanidad
