En 2025, una evolución crítica redefinió el panorama de la adquisición de tecnologías de vigilancia en Estados Unidos. Las decisiones de compra, antes meras formalidades administrativas ejecutadas por los departamentos de policía, se transformaron en debates políticos sujetos al escrutinio del consejo y a la presión de los votantes. Este cambio en la gestión de las tecnologías de vigilancia se considera la táctica más efectiva del año contra su proliferación, al invitar a un debate más democrático e informado sobre su implementación.
Desde febrero, al menos 23 jurisdicciones, incluidas ciudades como Austin, Oak Park, Evanston, Hays County, San Marcos, Eugene, Springfield y Denver, han detenido, cancelado o rechazado los programas de Lectura Automática de Matrículas (ALPR) de Flock Safety. Este enfoque renovado se alimenta de una nueva comprensión sobre el poder político que conlleva la adquisición de tecnología de vigilancia, y no solo su importancia administrativa.
Históricamente, muchas jurisdicciones se vieron atrapadas en prácticas de adquisición conocidas como «heredadas», que priorizaban la eficiencia y los costos económicos sobre la revisión democrática. Los proveedores de tecnología, aprovechándose de esta inercia, impulsaron lo que se conoce como «la trampa del piloto»: ofrecieron pruebas sin costo que permitieron a los departamentos de policía esquivar los procesos formales de adquisición. Una vez que estas tecnologías estaban integradas, frenarlas resultaba políticamente complejo, pues la vigilancia ya estaba instalada y normalizada dentro de la comunidad.
El poder de los proveedores de vigilancia se encontraba enmascarado tras estructuras burocráticas, donde se vendían sus herramientas como «multiplicadores de fuerza» y camuflaban sus contratos en agendas de consentimiento. Bajo la presión del marketing de estas empresas, los funcionarios locales a menudo externalizaban las decisiones gubernamentales esenciales. Este año, sin embargo, marcó un momento crucial cuando las ciudades empezaron a cuestionar este enfoque aparente como técnico, reconociéndolo en su lugar como una cuestión política.
Tres fuerzas convergentes promovieron este cambio: auditorías que revelaron la falta de salvaguardias en Flock, una creciente organización comunitaria, y funcionarios electos que aprendieron que rechazar una renovación era una decisión sensata y responsable. En Austin, por ejemplo, la expiración del piloto de Flock el 1 de julio fue un claro mensaje político impulsado por el electorado en contra de una red nacional vista como un instrumento de supervisión de la inmigración.
En otros municipios, como Hays County y San Marcos, las autoridades comenzaron a exigir pruebas de la eficacia de las tecnologías, relegando el mito del «multiplicador de fuerza» y, en última instancia, optaron por cancelar los contratos como un acto de responsabilidad fiduciaria. No obstante, en Denver, el alcalde Mike Johnston decidió extender el contrato de Flock en contra de la oposición del consejo, resaltando así la lucha entre las fuerzas políticas y técnicas que dominan este sector.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha documentado durante años cómo la adquisición puede ser una herramienta para ampliar la vigilancia. Las decisiones tomadas en 2025 demuestran que, cuando las ciudades asumen la adquisición como un acto político, se abre la puerta para rechazar la vigilancia. La lección fundamental al mirar hacia 2026 es clara: el uso de tecnologías de vigilancia es una opción, no una obligación, y las comunidades tienen el poder de decidir su aceptación o rechazo.
