La futura ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana, promovida por el Partido Popular en colaboración con Vox, ha despertado un intenso debate entre organizaciones políticas, expertos en geografía y derecho, y comunidades afectadas. El presidente Carlos Mazón ha defendido que el propósito de la ley es equilibrar la protección ambiental con los derechos de propiedad privada. Sin embargo, la reducción de la distancia mínima para el desarrollo de proyectos como hoteles de 500 a 200 metros del mar ha suscitado críticas. Eulàlia Sanjaume, catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, cuestiona esta dualidad, afirmando que proteger el entorno natural y permitir nuevas edificaciones son objetivos contrapuestos. Además, Sanjaume advierte que factores como la eliminación de dunas y la construcción de paseos marítimos están contribuyendo a la degradación del litoral, lo cual la futura ley no aborda adecuadamente.
Por otro lado, la ley ha sido vista por algunos como una posible solución a las controversias suscitadas por la Ley de Costas de 1988, que llevó a la expropiación de viviendas en áreas costeras tradicionales. Inmaculada Yáñez, de la Asociación Virgen del Carmen de Nules, busca que sus hogares sean declarados Bien de Relevancia Local, argumentando su valor histórico y arquitectónico. El proyecto de ley también enfrenta el desafío del cambio climático, ya que el avance del mar y la pérdida de playas dificultan la sostenibilidad del litoral turístico y portuario, según José Francisco Ros, defensor de las playas norte de Dénia. La ley invita a un debate amplio sobre sus implicaciones, con voces de expertos como Antonio Prieto, quien aboga por soluciones basadas en la naturaleza y la necesidad de reubicación de asentamientos costeros para mitigar futuros riesgos.
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