El Consejo de Ministros aprobó en segunda revisión el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que deroga la Ley 15/1997 y cierra la puerta a la privatización de servicios sanitarios públicos salvo en supuestos estrictamente excepcionales. El texto pasará ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
El proyecto surge tras el período de información pública. Su exposición de motivos respalda que la gestión pública directa ofrece un acceso más equitativo, mejores resultados en salud y mayor control del gasto público. Las administraciones que quieran recurrir a la gestión indirecta deberán justificar objetivamente la imposibilidad de proveer el servicio de forma directa y demostrar que la opción es sostenible y eficiente.
La norma introduce una evaluación previa obligatoria a cargo de órganos formados por expertos, profesionales de la salud y representantes de la sociedad civil. En paralelo, el Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) se exigirá en contratos de concesión para garantizar la sostenibilidad financiera. En caso de empate en licitaciones, el proyecto da preferencia a entidades sin ánimo de lucro.
El Consejo Interterritorial del SNS fijará directrices para homogeneizar los informes de evaluación en todas las comunidades autónomas. Además, todos los centros, independientemente de su modelo de gestión, deberán publicar indicadores anuales de resultados en salud.
Este marco legislativo llega en un momento en que las comunidades autónomas están reforzando sus plantillas. La incorporación de más de 8.000 enfermeras como personal fijo en el SERMAS de Madrid es un ejemplo de esa tendencia a consolidar la gestión pública directa. El refuerzo de la sanidad pública también impulsa la especialización en el sector privado: clínicas como Cabeceran de Terrassa apuestan por la implantología avanzada para cubrir casos que el sistema público no siempre puede asumir.
Los contratos y concesiones vigentes seguirán bajo la normativa actual hasta su vencimiento. Una vez aprobada por las Cortes, la ley entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE. El Ministerio de Sanidad tiene un año para elaborar un informe que revise las experiencias de gestión sanitaria en España desde 1997, con la participación de administraciones públicas, expertos y organizaciones de pacientes.
Es una ley que consolida la gestión pública directa del Sistema Nacional de Salud y deroga la Ley 15/1997, que permitía externalizar la gestión de servicios sanitarios públicos.
Continuarán bajo la normativa actual hasta que venzan. No quedan anulados de forma inmediata.
Es el organismo cuyo informe será obligatorio en contratos de concesión sanitaria para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio.
20 días después de su publicación en el BOE, una vez aprobada por las Cortes.
Fuente: Ministerio de Sanidad
